En la jornada de este jueves, la Oficina Anticorrupción tomó una decisión que encendió la polémica. El organismo informó que dejará de ser querellante en las causas que investigan a la vicepresidente, Cristina Kirchner. La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, fue la primera en manifestar su enojo. “Es un paso atrás en la búsqueda de la verdad”, afirmó.
NA informó que en un comunicado, Ocaña expresó su temor a que el gobierno utilice la preocupación social en torno a la pandemia para “ocultar este tipo de resoluciones”. “Garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”, sostuvo la legisladora opositora. A su vez, explicó que “cualquier paso atrás en la búsqueda de la verdad en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”.
Para Ocaña, “la corrupción es uno de los mayores flagelos que afectan a las democracias contemporáneas, ya que golpea de manera directa en la calidad de la gestión pública. Provoca a la vez un costo social, de corto y largo plazo, que impacta tanto al sector público como privado”. Por último, afirmó que “este fenómeno socava la legitimidad de las instituciones públicas. Atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia”,
El comunicado de Juntos por el Cambio
El espacio de Juntos Por el Cambio sacó un comunicado por la decisión. En el mismo, expresó: “Se consagró el pacto de impunidad. Este fue firmado en mayo de 2019 cuando Alberto Fernández aceptó ser el candidato del Frente de Todos. La Oficina Anticorrupción, por orden de la Casa Rosada, se retiró de las causas que involucran directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, sin terceros”.
La decisión de la Oficina Anticorrupción
La Oficina Anticorrupción (OA) decidió bajarse como parte acusadora en el juicio, aún sin fecha, por lavado de dinero que se sigue contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner, y sus dos hijos, en la causa “Los Sauces” y “Hotesur”. Así lo hizo saber mediante un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 5 el abogado, Carlos Trigo. De esta manera todavía permanecen como parte acusadora la fiscalía y la Unidad de Información Financiera.
