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Espionaje ilegal
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El País

Espionaje ilegal: la causa crece por dos frentes

Por un lado, Federico Villena le muestra la causa a las víctimas y el Congreso entrevista a los victimarios.

La semana pasada, dos denuncias por espionaje ilegal dejaron mal parada a la gestión de Mauricio Macri. Por un lado, luego de la declaración de un narcotraficante, el juez, Federico Villena, llamó a diversos dirigentes políticos para que se presenten como querellantes de la causa. A su vez, el Congreso también está investigando esta actividad. Durante la semana irán nuevamente los supuestos victimarios.

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia convocó para el viernes a la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos, Susana Martinengo. Quieren  escuchar su versión sobre los hechos que la sindican como un engranaje clave en las supuestas maniobras de espionaje ilegal. Antes de ella están citados los exespías Jorge “Turco” Saez y Alan Ruiz. También, el periodista Carlos Pagni.

Los exespías Facundo Melo y Leandro Araque mencionaron a Martinengo y Pagni en sus respectivos pasos por la comisión del Congreso de la nación. Esta los convocó para conocer los detalles del supuesto espionaje ilegal que se realizó en la gestión anterior. Los exintegrantes de la AFI están obligados a asistir a las convocatorias del Parlamento, mientras que los civiles pueden rechazarlas.

Villena sigue su investigación

En paralelo, avanza el expediente judicial que tiene en sus manos el juez Villena. Esto tras encontrar documentos sobre las operaciones de inteligencia en el teléfono de un exespía. La información se reveló luego de que un narcotraficante detenido declarara que la AFI lo contrató. Afirmó que debía realizar un atentado en contra de José Luis Vila. Este era un exfuncionario del Ministerio de Defensa de la gestión del radical Oscar Aguad.

Villena rechazó hoy apartarse de la causa por presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas. Esto al responder a una recusación en su contra presentada por los exagentes de la AFI imputados en la pesquisa –Melo, Sáez y Araque- que lo señalaban como el juez que facilitó que fueran intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza, por lo que sostienen que no debería investigar supuestas maniobras en esa cárcel.