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El País

Vicentin: el juez de la convocatoria repuso al directorio

Fabián Lorenzini analizó la medida cautelar presentada por los dueños de la empresa. El fallo puede ser apelado por el gobierno.

La semana pasada, el gobierno de la nación había anunciado la intervención y futura expropiación de la empresa Vicentin. Esto causó mucho enojo en los dueños de la compañía, quienes presentaron una cautelar. La misma debía ser analizada por el juez a cargo de la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini. Finalmente, este viernes, el magistrado repuso al directorio por un plazo de 60 días.

NA informó que la resolución judicial obedeció a un pedido de los actuales dueños de la compañía agroindustrial. Además plantearon la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente, Alberto Fernández. Esto al considerar que era falto de fundamentación. Desde Vicentin aseguraron que se podría ver afectado el concurso que se tramita ante la Justicia Comercial.

Sobre el pedido de inconstitucionalidad del decreto, el juez dice que no guarda conexidad con el trámite del concurso de acreedores. Por ello se declara incompetente. Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, en Santa Fe, aceptó el argumento de la empresa sobre que “los procesos concursales admiten medidas cautelares específicas tendientes a la defensa de la integridad del patrimonio del deudor”.

Los argumentos del juez

El juez aseguró que Vicentin es “una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante. Esto en el mercado nacional e internacional de granos”. Según el magistrado, la medida cautelar se justifica “a raíz del volumen de las deudas denunciadas por la concursada”. A su vez, aclaró que “el patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión”.

De esta forma, el juez repuso a los dueños en la administración por un plazo de 60 días que puede ser prorrogable. Al interventor designado por el Poder Ejecutivo, Delgado, únicamente le da el alcance de veedor de la empresa. En su decisión, el juez le da intervención a la Sindicatura General de la Nación “a los fines de que brinde un informe pormenorizado del estado actual de la administración de la sociedad concursada”.