En la mañana de este viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata decidió desplazar al juez Federico Villena de la causa sobre el espionaje ilegal. Esto era un pedido que habían realizado los abogados de los exespías acusados en el caso. El motivo por el cual la entidad judicial lo sacó al magistrado es que el mismo había autorizado algunas de las órdenes de inteligencia.
El Intransigente la decisión judicial llegó luego del pedido de recusación que planteó la defensa de varios antiguos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En concreto, le cuestionó la competencia de Villena para llevar adelante esta investigación. Tras el apartamiento, el expediente pasó a quedar en manos de su par Juan Pablo Auge. El mismo está al frente de la causa por el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El pedido de apartamiento había sido presentada por los abogados Alfredo Oliván y Fernando Sicilia. El primero representa al exagente penitenciario Jorge “Turco” Sáez y el segundo, a los exespías de la AFI Facundo Melo y Leandro Araque. Según los letrados, “las referencias periodísticas y las manifestaciones indicadas colocarían a Villena como responsable de un hecho ilícito o, eventualmente, como damnificado por un delito contra la administración de justicia”.
La palabra de Lemos Arias
El camarista platense Roberto Lemos Arias dio lugar al “temor
de parcialidad” y falta de independencia que tienen los defensores con respecto a Villena. El funcionario judicial consideró que “existen circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente” justificado dicho miedo. Estas lo llevaron a decidir el apartamiento del magistrado, ya que “se encontraría afectada la garantía de imparcialidad
del juzgador”.
Lemos Arias resaltó que en la causa por espionaje ilegal “se investigan hechos de notoria gravedad institucional”. Por tal motivo, consideró que deben investigarse “con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad. Tiene que encontrarse en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas”.
