Nuevamente, la Justicia rechazó un pedido de clausura, presentado por la Asamblea “El Algarrobo”, del yacimiento de Agua Rica. En 2019 se vio los inicios de esta causa. La misma buscaba poner un freno a la exploración de la zona, ya que según lo reportaba la organización, se podría estar violando lo estipulado en la Ley de Glaciares. En abril se volvió a insistir, pero el pedido fue negado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza Servini de Cubría.
Tras rechazar la clausura de Agua Rica, el fiscal de apellido Marijuán solicitó una inspección en el lugar donde Agua Rica está explorando. Ante esto se generó una gran controversia, ya que el Gobierno provincial se negó rotundamente. La medida no solo apuntaba a la empresa minera, sino que también iba detrás del incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Jorge Moreno, el ministro de Gobierno, sostuvo que “el fiscal directamente optó por desplazar a las autoridades provinciales para suplirlas por federales en la evaluación de impacto ambiental”. En este sentido, enfatizó en que “se extralimitó claramente”, ya que “se le solicitó que investigue un delito puntual y directamente tomó una decisión que no le corresponde”.
Opiniones divididas y polémica sobre Agua Rica
El conflicto en Andalgalá por la minera Agua Rica sigue dividiendo las opiniones y generando polémica. Lo que podrá haber sido el cierre de una sesión tranquila en la Legislatura de Catamarca, terminó con una escandalosa discusión respecto de la licencia social de la minería. El diputado Hugo Ávila lanzó una fuerte acusación que no hizo más que activar el fuerte debate.
El legislador catamarqueño aseguró que todo se trató de “una maniobra del Gobierno para subir las máquinas a Agua Rica“. Seguidamente expresó que “no podemos mirar para otro lado con lo que pasa en Andalgalá. Claramente no hay licencia social, menos cuando el pueblo se ve vulnerado”. Estas declaraciones generaron una gran controversia en el recinto.
