Una práctica judicial millonaria podría dejar en quiebra a la UNCA

Una práctica judicial millonaria podría dejar en quiebra a la UNCA. Asimismo, el nuevo rector de la facultad, Oscar Arellano y el gobernador Raúl Jalil iniciaron un trámite de auxilio ante Ministerio de Educación de la Nación. Al parecer heredó de Flavio Fama una deuda impagable con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, originada en un juicio por aportes que no han sido pagados.

Cabe mencionar que cuando Flavio Fama asumió su primer como rector en el año 2007, se encontró con una práctica judicial por $13.200.000 que la Caja Complementaria reclamó por contribuciones de los maestros de la UNCA que habían dejado de depositarse hacía diez años antes. Al no pagarse desde aquel momento, ni haberlo acordado con la demandante, el dinero continuó creciendo y superaría actualmente los 200.000.000 de pesos.

De hecho, desde la Universidad Nacional de Catamarca anunciaron que no están en condiciones de pagar esa cantidad de dinero. Ya que al parecer $40.000.000 están listos para que sean tramitados en el Juzgado Federal de Catamarca. Mientras que los 160 millones de pesos restantes, que se denuncian aparte, se realizarían en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Intentan llegar a un acuerdo

Respecto a la deuda que tiene la UNCA, trascendió en los medios de comunicación que el gobernador Raúl Jalil acompañó al rector Arellano a una reunión con las máximas autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. Allí entre todos buscaron una salida para no dejar a la facultad en quiebra. Por otro lado, la resolución del Consejo ha sido discutida por la Caja, bajo el argumento de que se había tomado en forma autónoma, y la Justicia la declaró nula, dejando el convenio firme.

Cuando Flavio Fama asumió al cargo de rector en la Universidad Nacional de la provincia, la deuda estaba conformada por $5.600.000 millones por todos los aportes no depositados durante 10 años. $7.600.000 por intereses y casi $30.000 de una multa más intereses. La misma fue aplicada por la falta de presentación de la documentación necesaria para efectuar una fiscalización.