“Perspectiva digital”. Con ese concepto la Fiscalía de Instrucción N°7 especializada en ciberdelitos de Catamarca, a cargo de Paola González Pinto, encara un problema que ya supera tres veces la media del país. En 2025, la provincia registró 321,4 estafas virtuales cada 100 mil habitantes, casi el triple del promedio nacional de 108,1, con 1.411 hechos denunciados en todo el territorio catamarqueño.
La escalada es consistente a nivel federal: los datos del Sistema Nacional de Información Criminal muestran que las defraudaciones asistidas por tecnología pasaron de 34.801 en 2023 a 48.916 en 2024 y a 50.155 en 2025. Solo en lo que va de 2026, la Justicia provincial ya acumula medio millar de denuncias, una cifra que confirma que el delito dejó de ser una anomalía y se consolidó como tendencia.
El piso común de todas las maniobras es la ingeniería social: los estafadores rastrean información pública en redes y la explotan para que el engaño parezca confiable. Los canales son diversos: cuentas de WhatsApp secuestradas para pedir plata a los contactos, ataques dirigidos a billeteras como Naranja X, llamados falsos de supuestos bancos, promociones inexistentes de hasta 75% de descuento en boletas de EC Sapem, inversiones truchas con bonos de YPF y publicaciones de productos a precios irrisorios que solo buscan una seña para desaparecer.
Los adultos mayores encabezan la lista de víctimas, seguidos por los jóvenes, pero el perfil que más sorprendió a los investigadores es el de profesionales que no calzan con el estereotipo del “desconocido digital”. La exposición en redes sociales, como publicar viajes o reclamos al Banco Nación en Facebook, les allana el trabajo a los delincuentes. De ahí que la fiscalía insista con la “perspectiva digital”: asumir que cualquier persona, atravesada por un ingreso ajustado, una deuda o la simple tentación de un descuento demasiado generoso, es vulnerable por igual.
El mapa de las estafas virtuales en Catamarca: cómo operan los delincuentes y por qué siguen creciendo
Detrás de la mayoría de los casos hay estructuras organizadas que conectan recolectores de datos en la “dark web” con cómplices locales. Un engranaje clave son las cuentas mulas —cedidas por titulares reales que las alquilan o venden— para recibir el dinero de la víctima y redistribuirlo de inmediato. Cuando la operatoria incluye criptomonedas, la pesquisa se frena porque la Justicia catamarqueña carece de herramientas tecnológicas para rastrearlas; esa misma falencia ya trabó la investigación por el hackeo al Boletín Oficial. Las estimaciones judiciales ubican al 60% de los estafadores fuera de la provincia, contra un 40% con arraigo local. En los casos con transferencias bancarias y billeteras virtuales, COELSA —la Compensadora Electrónica S.A.— suele bloquear pagos y reconstruir la trazabilidad con más celeridad que los propios bancos, siempre que la víctima radique la denuncia a tiempo.
El territorio ya tiene un antecedente que pesa: durante la pandemia, las financieras que prometían rentas extraordinarias en inversiones cripto —Adhemar Capital (Edgar Bacchiani), RT Inversiones (Edgardo Bulacios) y Betabank (Juan Casado Tolosa)— terminaron siendo esquemas piramidales que dejaron a los ahorristas sin nada y a los responsables procesados. La ilusión de «vivir de rentas» no se transformó en enseñanza masiva, y hoy las hipótesis sobre la tasa récord de estafas virtuales en Catamarca apuntan a la combinación de crisis económica, alto endeudamiento familiar y cierta propensión social a confiar en la ventaja inmediata antes que en la sospecha.
El tiempo corre a favor del estafador: la denuncia rápida, con capturas de pantalla y comprobantes a mano, mejora las chances de recuperar el dinero. No obstante, los operadores judiciales reconocen que, sin herramientas para perseguir activos digitales y sin una política provincial de educación digital que instale la idea de que nadie está a salvo, Catamarca va a seguir ofreciendo el ecosistema fértil que los ciberdelincuentes necesitan.
