La creciente presión extractiva sobre las cuencas hídricas de la Puna volvió a situar en el centro del debate la contaminación del agua en Catamarca. Organizaciones ambientales, productores agropecuarios y comunidades originarias alertan que los sistemas de extracción por evaporación y el bombeo continuo de salmuera amenazan con quebrar de forma irreversible el balance hidrogeológico de las cuencas de altura, en un territorio naturalmente castigado por la aridez y el cambio climático.
El núcleo de la controversia radica en la alteración de las napas freáticas subterráneas. Especialistas en hidrogeología señalan que la succión sostenida de millones de litros de salmuera concentrada puede generar la intrusión salina en los reservorios de agua dulce adyacentes, inutilizando acuíferos fósiles que tardaron miles de años en conformarse y que constituyen la única reserva de agua pura en los salares cordilleranos.
Esta situación impacta de manera directa sobre las economías tradicionales de los departamentos del oeste. Pequeños agricultores y ganaderos denuncian que la merma en los caudales de vertientes superficiales y el secado de vegas no solo destruye el pastoreo de camélidos, sino que reduce el volumen disponible para los canales de riego en los valles bajos, donde las familias sufren racionamientos periódicos para abastecer sus cultivos.
A la amenaza cuantitativa se añade la desconfianza respecto de los análisis fisicoquímicos del recurso. Pobladores locales cuestionan que los informes de calidad hídrica sean elaborados y financiados por las propias corporaciones operadoras, consolidando un esquema de autocontrol empresarial que no cuenta con auditorías ciudadanas ni con estaciones de monitoreo continuo gestionadas por laboratorios universitarios neutrales.
Cuencas de altura en riesgo, vacíos de control y reclamo comunitario
La falta de fiscalización independiente interpela de lleno las prioridades de la administración de Raúl Jalil. Vecinos y asambleas remarcan la contradicción de promover convenios internacionales y facilidades tributarias para las multinacionales extractivas, mientras los organismos provinciales no garantizan el acceso público a los estudios de impacto ambiental ni invierten en tecnología para auditar los efluentes industriales en tiempo real.
A este escenario de incertidumbre se suma la ausencia de fondos de garantía específicos para la remediación de pasivos mineros. Con antecedentes de escombreras abandonadas y escurrimientos en antiguos yacimientos metalíferos, las poblaciones ribereñas temen que el declive productivo de los proyectos deje como saldo vertientes salinizadas y metales pesados en suspensión, sin un plan estatal capaz de recomponer los ecosistemas alterados.
El debate por la preservación de los recursos hídricos expone las tensiones sociales vinculadas con la contaminación del agua en Catamarca. Con comunidades de altura movilizadas en defensa de sus vertientes y productores que exigen reglas claras de sustentabilidad, la sociedad civil reclama que el Estado priorice la conservación de los ríos y acuíferos antes de convalidar nuevas ampliaciones operativas en la cordillera.
