La discusión sobre la minería en Catamarca y la contaminación del agua no termina necesariamente cuando una explotación deja de producir. El cierre de una mina abre otro interrogante: qué ocurre con los cursos de agua, los acuíferos y los residuos mineros cuando la actividad industrial disminuye o directamente se detiene. El caso de Bajo de la Alumbrera muestra que el control ambiental puede continuar durante la etapa de cierre, con monitoreos periódicos sobre la cuenca de Vis Vis-Amanao.
Uno de los principales puntos de discusión es que algunos procesos ambientales pueden extenderse más allá de la vida productiva de un yacimiento. Entre ellos aparece el drenaje ácido de mina, un fenómeno asociado a la exposición de determinados minerales a la presencia de agua y oxígeno. Cuando se produce, puede modificar las características químicas del agua y favorecer la movilización de determinados elementos presentes en las rocas. Por eso, el cierre de una explotación no implica automáticamente que desaparezcan todas las obligaciones de seguimiento ambiental.
En Catamarca, el antecedente de Bajo de la Alumbrera permite observar esa cuestión de manera concreta. En febrero de 2025, la autoridad minera provincial informó que el proyecto se encontraba en etapa de cierre y que continuaban realizándose controles sobre los cursos de agua de la cuenca próxima. Las muestras eran sometidas a análisis fisicoquímicos y enviadas a laboratorios externos, mientras que los programas de monitoreo contemplaban controles con distintas frecuencias.
Minería en Catamarca: el problema del agua después de la explotación
El dato relevante es que el monitoreo continúe incluso después de finalizada la etapa productiva. Esto plantea una pregunta que excede a una empresa o a un proyecto puntual: ¿durante cuánto tiempo debe controlarse una cuenca después del cierre de una mina? La respuesta depende de las características geológicas del lugar, del tipo de explotación, de los materiales utilizados, de los residuos generados y de la evolución que registren los parámetros ambientales. No existe, por lo tanto, una cantidad de años universal que permita afirmar que una zona queda automáticamente libre de riesgos.
La discusión también tiene un componente institucional. El Gobierno de Catamarca cuenta con mecanismos de monitoreo ambiental y sostiene que la información obtenida permite evaluar la evolución de los recursos hídricos y adoptar decisiones sobre la actividad minera. Parte de esa documentación se encuentra disponible en los expedientes administrativos ambientales. Sin embargo, un informe oficial elaborado a partir de encuentros sobre minería en Catamarca registró que entre participantes de la comunidad existían dudas sobre el uso y control del agua subterránea y preocupación por eventuales procesos de contaminación o agotamiento del recurso. El mismo documento señaló una distancia entre los mecanismos de control explicados formalmente y el grado de conocimiento o participación que manifestaban los asistentes.
El antecedente hídrico de Catamarca también tiene una dimensión judicial. En marzo de 2026, la Corte de Justicia provincial volvió sobre una medida cautelar dictada en 2024 que había ordenado realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral sobre el desarrollo de la minería de litio y sus efectos sobre el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto. El planteo introduce otro elemento central al debate: no solamente importa medir el impacto de cada emprendimiento por separado, sino también analizar qué sucede cuando distintos proyectos se desarrollan sobre una misma cuenca.
La controversia se vuelve todavía más compleja cuando se contraponen dos necesidades: por un lado, la importancia económica que el Gobierno provincial atribuye a la minería en Catamarca y, por otro, la necesidad de garantizar que el agua conserve condiciones adecuadas para los ecosistemas y las comunidades. El propio Gobierno nacional reconoce dentro de la información de transparencia minera provincial la necesidad de publicar declaraciones y estudios de impacto ambiental vinculados con las actividades extractivas.
El desafío, entonces, no consiste solamente en determinar si una mina está produciendo o si ya ingresó en su etapa de cierre. La cuestión de fondo es quién controla el agua, durante cuánto tiempo y con qué información pública. Los monitoreos anunciados por las autoridades muestran que el seguimiento puede continuar después de la explotación, mientras que los antecedentes judiciales y las dudas planteadas en espacios de participación pública muestran que el debate sobre el recurso hídrico permanece abierto. En Catamarca, la discusión minera no se limita así a cuánto se extrae: también obliga a preguntarse qué controles quedan cuando la actividad deja de ser visible y cuáles son las garantías para el agua a largo plazo.
