Catamarca reaviva el debate sobre su sistema público de salud mental a partir del caso de Joaquín Tula, el joven de 22 años imputado por el homicidio doblemente calificado de su madre. La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género comenzará a investigarlo formalmente el próximo lunes 27 de julio. La causa llegó a esa fiscalía, a cargo de la Dra. Alejandra Ruth Antonino, tras el cierre de la feria judicial en la provincia.
Norma Tula, de 61 años, fue asesinada el domingo 19 de julio en la vivienda que compartía con su hijo en el barrio La Chacarita, sobre la calle Carlos de la Vega al 400. La autopsia, realizada al día siguiente, determinó que la víctima sufrió múltiples lesiones que le provocaron un padecimiento innecesario, un agravante que elevó la calificación del delito a ensañamiento.
Tula fue detenido cuando presuntamente intentaba abandonar la provincia y desde entonces permanece internado en el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista. El defensor oficial Efraín Morcos aguarda los resultados de la pericia psiquiátrica que realizará el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), la pieza central para determinar si el acusado recibe un tratamiento o enfrenta una condena perpetua.
La investigación en Catamarca
El expediente ya fue girado a la fiscal Antonino, que formalizará la investigación luego de la feria judicial. La decisión de fondo sobre la responsabilidad penal dependerá en gran medida de la evaluación de la salud mental de Tula al momento del ataque. Los profesionales del hospital evalúan a diario su estado mientras se espera la pericia del CIF.
La justicia de Catamarca deberá resolver si el joven, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, recibe un tratamiento psiquiátrico o cumple una sentencia de por vida en prisión. La autopsia fue concluyente al señalar que la jubilada fue asesinada por múltiples lesiones, muchas de las cuales le causaron un sufrimiento innecesario hasta que finalmente murió.
Hasta el momento, el imputado no recibió visitas de ningún familiar ni allegado durante su internación. Voceros de la causa señalaron que, si bien legalmente no podría recibirlas por tratarse de un imputado en una causa penal abierta, nadie preguntó por él en el hospital, un dato que refleja el alto grado de aislamiento que suele rodear a este tipo de hechos.
El crimen vuelve a instalar la pregunta sobre si el sistema público de salud mental de Catamarca cuenta con herramientas de detección temprana para situaciones de riesgo intrafamiliar. Aunque no se conocen denuncias ni intervenciones previas en este caso, la extrema violencia reactivó las discusiones sobre la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios y los protocolos de abordaje en la provincia.
La pericia psiquiátrica del CIF será clave tanto para la resolución judicial como para entender si existieron indicadores que podrían haber anticipado un desenlace evitable. Con el reinicio de la actividad judicial en los edificios de Catamarca el lunes 27, la fiscalía comenzará a recibir los informes que definirán el rumbo de la causa.
