Una madre denunció ante el Ministerio de Educación que su hija, alumna de sexto año de un colegio privado de Tinogasta, Catamarca, sufrió episodios de bullying, abandono y discriminación durante nueve meses sin que las autoridades escolares intervinieran. La presentación también fue dirigida a los directivos del establecimiento, a quienes acusó de no haber adoptado ninguna medida para frenar las conductas violentas.
Según el relato de la denunciante, los hechos comenzaron en octubre del año pasado, cuando un grupo de compañeras excluyó a la adolescente y a otras dos alumnas de la conformación de las ternas para la bandera. La situación se prolongó hasta junio de este año con distintos episodios de hostigamiento que, sostuvo, nunca fueron abordados por la institución.
La mujer señaló que su hija fue víctima de difamaciones y maltrato verbal durante las clases de educación física, y que la excluyeron de grupos de WhatsApp y de actividades sociales como el “banderazo” y el “Último Primer Día (UPD)”. Además, denunció que un compañero le envió a ella —la madre— “un mensaje de alto contenido sexual perverso y violento”, y que a la alumna “le pegaron intencionalmente con una pelota en la cara”.
La familia cuestiona la falta de intervención escolar
Como consecuencia de las agresiones, la alumna sufrió crisis de nervios. La denunciante afirmó que las autoridades del colegio “nunca separaron al compañero de ella que la habría agredido ni tampoco convocaron a sus padres a reunión”, pese a la gravedad de los hechos.
En su presentación ante la cartera educativa provincial, la madre consideró que la institución nunca tomó cartas en el asunto ni convocó a los alumnos a un diagnóstico sobre la situación, “en una clara inacción y desobediencia de lo normado por el artículo 6 de la ley 5402, vulnerando los derechos de su hija”. Por eso, pidió al Ministerio que tome “las medidas necesarias a los fines de velar por el derecho de su hija, y de brindar contención y protección para ella”.
La denunciante también adelantó que prevé radicar una denuncia penal por el incumplimiento de esa normativa, que obliga a las escuelas de Catamarca a prevenir y actuar frente al acoso escolar. Mientras la denuncia administrativa sigue su curso, la familia confirmó que impulsará acciones judiciales para que se investiguen las responsabilidades del personal directivo y docente. La menor continúa a la espera de una respuesta institucional que, hasta el momento, no recibió.
