“El miércoles 5 vamos a un Congreso Nacional y si el Gobierno no anuncia el cumplimiento de la cautelar, vamos a volver a la medida de fuerza. Sí o sí”. La advertencia de Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU), expuso la escalada del conflicto salarial en la Universidad Nacional de Catamarca, donde este lunes se cumplió un paro de 24 horas en adhesión a la medida de fuerza nacional del sector educativo.
Morales explicó que la protesta responde a la situación salarial y al incumplimiento de compromisos vinculados al financiamiento universitario. El reclamo central en Catamarca pasa por una actualización que, según denunció, está frenada pese a un fallo judicial. “Pensamos que en este último mes íbamos a recibir el aumento del 37% , que es lo que se estaría adeudando según la cautelar vigente, y esto no se hizo”, detalló el referente de la Conadu Histórica en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.
El dirigente también cuestionó la postura oficial sobre la esencialidad educativa y aseguró que hay una resolución judicial que desestima esa interpretación. “Nos llama poderosísimamente la atención que un Estado no conozca realmente las leyes”, señaló Morales, y agregó que el planteo oficial lo “siguen llevando adelante como una cuestión mediática”.
Morales sostuvo que la Casa de Altos Estudios con sede en Catamarca no escapó a las tensiones que atraviesa el sistema universitario nacional. En esa línea, denunció una campaña de desprestigio contra el sector: “Se hizo todo un trabajo mediático para tratar de boicotear y disciplinar a la docencia a nivel nacional”. Además, afirmó que existen “actores locales que hacen de eso todo un eco y que tratan de boicotear o carnerear una medida de fuerza”.
Pese a ese contexto, el secretario general del GDU remarcó que la huelga tuvo eco en la provincia. “El paro se está llevando adelante con un grado de acatamiento importante”, afirmó sobre la jornada en Catamarca, que se replicó en distintos niveles de enseñanza de todo el país. La medida de alcance nacional fue impulsada por las organizaciones sindicales docentes y, según Morales, “la educación pública, la salud pública y todo lo que se refiere al Estado no es su prioridad, no está en la agenda” del Gobierno nacional.
El ultimátum del Congreso Nacional
La continuidad del plan de lucha se definirá en los próximos días. El dirigente confirmó la realización de un Congreso Nacional el miércoles 5 de agosto y condicionó cualquier tregua a una señal concreta del Ejecutivo: el pago del 37% adeudado por la cautelar vigente.
Al cierre de una jornada que volvió a tensar la relación entre los gremios docentes y el Gobierno, Morales dejó una definición sobre el fondo del debate: “La educación es un derecho y no es un servicio”.
