La Secretaría de Trabajo provincial realizó un operativo de control en la actividad de la construcción en Catamarca y verificó que más del 50% de los trabajadores estaban no registrados. “Una tendencia que se repite en todo el país y está lejos de ser casual”, señaló el editorial de El Esquiú que difundió los resultados del relevamiento.
El dato implica que al menos uno de cada dos operarios inspeccionados se encuentra en negro. Durante los últimos años, el empleo informal en las obras creció de manera significativa en todo el país. La construcción, históricamente considerada un termómetro del pulso económico, refleja ahora una expansión asentada sobre cimientos de precariedad que debilita los derechos laborales. En Catamarca, el operativo de la Secretaría de Trabajo provincial expuso una realidad que golpea con dureza a miles de familias y que, según la misma fuente, evidencia los efectos concretos de la política económica aplicada en los últimos tiempos.
El trabajo en negro en este sector no es un problema meramente administrativo. “La construcción es, por definición, una de las actividades con mayor índice de siniestralidad del mundo, exigiendo protocolos estrictos de prevención que los empleadores informales muchas veces omiten para abaratar costos operativos”, según el editorial. Ese recorte de costos deja a los obreros desprovistos de elementos esenciales como cascos normados, arneses de sujeción fiables y calzado protector.
Seguridad en obra: el precio de la informalidad
Un obrero no registrado que sufre un accidente grave —caídas en altura, electrocuciones o derrumbes de estructuras mal apuntaladas— queda completamente desprotegido. No hay empleador formal que responda ni cobertura de riesgos del trabajo que le garantice asistencia médica. A la pérdida del sustento se suma la exclusión del sistema de salud formal y de las obras sociales sectoriales, lo que obliga a las familias a depender de un sistema público cada vez más exigido. La provincia de Catamarca no escapa a esa lógica: cada trabajador en negro significa un doble perjuicio, hoy sin acceso a coberturas farmacéuticas ni medicina privada, y mañana sin un retiro digno.
La falta de aportes previsionales y patronales desfinancia de forma crónica las cajas jubilatorias y compromete la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. La ausencia prolongada de esos fondos, explicó el editorial de El Esquiú, no solo atenta contra la generación actual de operarios sino contra todo el esquema previsional.
Las causas del fenómeno son múltiples. La presión impositiva y el costo real de las cargas sociales son esgrimidos con frecuencia por el sector patronal como barreras infranqueables para la formalización. A esto se agrega la altísima rotación de personal inherente a los proyectos de obra, que facilita que los vínculos laborales muten rápidamente hacia la clandestinidad absoluta.
Mientras los controles oficiales revelan un piso de informalidad cada vez más elevado, las condiciones de trabajo en las obras de Catamarca profundizan un cuadro de riesgo y exclusión que interpela tanto a la fiscalización del Estado como a la responsabilidad empresaria. “El ‘topo’ que vino a destruir el Estado desde adentro está haciendo un gran trabajo, y queda claro que su víctima no es la casta”, lanzó el editorial.
