La educación pública en Catamarca atraviesa una sucesión de reclamos que, observados en conjunto, muestran problemas que van desde la situación salarial de los docentes hasta la falta de cobertura de cargos y las dificultades para sostener herramientas de inclusión. En las últimas horas, la UDA realizó un “semaforazo” para reclamar mejoras salariales y continuidad de programas, mientras la comunidad educativa de la Escuela N° 995 de Andalgalá denunció que existen cargos vacantes que afectan directamente el funcionamiento de la institución.
El reclamo de UDA incorporó además un cuestionamiento concreto a la administración provincial: la vocal del gremio, Estela Urueña, sostuvo que mientras la Provincia avanza con un sistema digital para agilizar la opción de cargos y horas, también debería acelerar el pago de haberes adeudados. La dirigente también ratificó el rechazo de UDA al último acuerdo salarial firmado por otros gremios y calificó de “propuesta extorsiva” la negociación que, según su denuncia, vinculó la recomposición salarial con la titularización docente.
El planteo adquiere mayor dimensión cuando se lo contrasta con lo ocurrido en Andalgalá, donde la comunidad educativa de la Escuela N° 995 reclamó la cobertura de maestros de grado, una vicedirección para el turno tarde, dos secretarías, maestros niveladores y cargos del Gabinete Psicotécnico. Según el comunicado difundido por la institución, algunos cursos tienen clases de manera intermitente y concurren a la escuela día por medio. Se trata de una situación que, de acuerdo con el reclamo, también repercute sobre el proyecto de inclusión y genera una sobrecarga sobre el equipo directivo.
Educación pública en Catamarca: salarios, cargos y respuestas pendientes
Los dos conflictos tienen un punto de contacto: la demanda por respuestas concretas para sostener el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Mientras UDA reclama salarios dignos, condiciones adecuadas en los edificios y continuidad de programas y becas, la comunidad de la Escuela N° 995 reclama que los cargos que quedaron vacantes tras jubilaciones sean cubiertos nuevamente. En ambos casos, los cuestionamientos apuntan a aspectos diferentes pero complementarios de la política educativa provincial.
El contexto social vuelve todavía más sensible la discusión. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señaló que el 37,5% de los niños y adolescentes argentinos tuvo dificultades económicas para acceder a ropa o calzado durante el último año. Además, el estudio registró problemas de aprendizaje en el 36,8% de los menores evaluados y dificultades para entablar amistades o integrarse con sus pares en el 27,3%. Aunque esos datos son nacionales y no permiten trasladar porcentajes directamente a Catamarca, sí permiten dimensionar el impacto que pueden tener sobre las infancias las dificultades económicas y la necesidad de contar con una escuela pública con capacidad de acompañamiento.
La situación también se conecta con el reclamo específico de Andalgalá por la falta de maestros niveladores y del Gabinete Psicotécnico. La propia comunidad educativa advirtió que esas vacantes dificultan el acompañamiento de estudiantes que requieren intervención especializada. Así, un problema que podría aparecer inicialmente como una cuestión administrativa de cobertura de cargos adquiere una dimensión educativa y social mayor cuando se considera el rol de la escuela frente a estudiantes que necesitan apoyos adicionales.
Los reclamos salariales tampoco aparecen aislados de este escenario. UDA sostuvo que los docentes enfrentan dificultades económicas y reclamó el pago de haberes adeudados, mientras que en el ámbito universitario catamarqueño los docentes de la UNCA también atraviesan un conflicto salarial, con una pérdida del poder adquisitivo que el gremio estimó entre el 30% y el 35%. A esto se suma el deterioro nacional de los salarios universitarios y científicos informado por el Grupo EPC. Aunque se trata de niveles educativos diferentes y de responsabilidades institucionales distintas, el conjunto muestra que la discusión sobre financiamiento, salarios y condiciones de trabajo atraviesa a buena parte del sistema educativo.
Para el Gobierno de Catamarca, los reclamos provinciales plantean una dificultad que no puede confundirse con los problemas salariales nacionales. La caída de los ingresos de investigadores y docentes universitarios frente a la inflación responde a un escenario nacional, pero la cobertura de cargos en una escuela provincial, el pago de haberes docentes y la organización de las instituciones educativas forman parte de los problemas planteados directamente en Catamarca. Por eso, el eje de la discusión provincial está en las respuestas que puedan darse frente a esas demandas concretas.
El dato político más relevante surge precisamente de esa acumulación de reclamos. No se trata de un único conflicto ni de una protesta aislada: en pocos días aparecieron cuestionamientos por salarios, haberes adeudados, titularizaciones, cargos docentes vacantes, programas de apoyo, becas y acompañamiento de estudiantes. La comunidad de Andalgalá incluso convocó a una reunión para definir medidas y afirmó que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación. El escenario deja planteada una discusión sobre las prioridades de la gestión educativa de Raúl Jalil y sobre su capacidad para responder a problemas que afectan tanto a los trabajadores como al funcionamiento de las escuelas.
En ese contexto, la educación pública en Catamarca enfrenta una combinación de reclamos que excede una disputa salarial puntual. La falta de cobertura de cargos denunciada en Andalgalá, las demandas de UDA y las dificultades económicas que atraviesan las familias conforman un cuadro que obliga a mirar el problema desde una perspectiva más amplia. Sin atribuir a la Provincia responsabilidades que corresponden al ámbito nacional, los hechos registrados en Catamarca sí dejan una cuestión concreta para la gestión: cómo garantizar que las escuelas cuenten con docentes, equipos de apoyo, programas, condiciones adecuadas y trabajadores cuyos reclamos salariales reciban respuestas.
