El conflicto universitario en Catamarca atraviesa una nueva instancia de tensión mientras finaliza una semana de paro y los gremios docentes anticipan que podrían definir nuevas medidas de fuerza. El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en una medida cautelar judicial que, según explicó el dirigente Fernando Morales, tampoco estaría siendo cumplida.
En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, Morales, referente de Conadu Histórica y representante del Gremio Docente Universitario (GDU), confirmó que el próximo martes se realizará un plenario de secretarios generales en el que se analizará la continuidad del plan de lucha. Entre las alternativas aparece la posibilidad de nuevas jornadas de paro para el jueves y viernes, mientras el sector impulsa además una quinta marcha federal universitaria.
El conflicto universitario en Catamarca y una denuncia que suma presión
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Morales está vinculado al tiempo transcurrido sin una aplicación efectiva de la norma. El dirigente aseguró que el Gobierno lleva 302 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que las autoridades asuman la responsabilidad correspondiente. “Acá hay que cumplir la ley y hay que cumplir una resolución judicial”, afirmó durante la entrevista.
El planteo gremial incluye también una discusión sobre los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. Morales sostuvo que, después del acuerdo firmado el 10 de junio, se había establecido un 20% destinado a gastos comunes y de funcionamiento, pero afirmó que esos fondos no fueron enviados. También señaló que permanecen pendientes partidas destinadas a capacitación gremial y becas estudiantiles, agregando otro componente al conflicto.
La situación de los estudiantes aparece como uno de los puntos más concretos del reclamo. Morales aseguró que la beca estudiantil permanece congelada en 35.000 pesos y cuestionó si ese monto resulta suficiente para afrontar los gastos cotidianos. La cifra fue utilizada por el dirigente como argumento para reclamar una actualización y para dimensionar el impacto que, según su planteo, tiene la demora en la aplicación de las medidas vinculadas al financiamiento universitario.
El conflicto no se limita, por lo tanto, a la discusión salarial de los docentes. El reclamo combina salarios, funcionamiento universitario, becas y cumplimiento de una norma aprobada, además de incorporar el componente judicial derivado de la medida cautelar mencionada por Morales. Esa combinación explica por qué el paro que termina este viernes no aparece como un cierre del conflicto, sino como una instancia previa a nuevas decisiones gremiales.
Morales también cuestionó la actitud de los funcionarios involucrados y rechazó que el cumplimiento de la ley pueda quedar sujeto a interpretaciones o demoras. “No es que hay que interpretar, no es que vamos a ver que si lo cumplo”, sostuvo. El planteo agrega una dimensión institucional al conflicto, ya que el reclamo apunta no solamente a conseguir mayores recursos, sino a que las autoridades ejecuten las disposiciones que, según el dirigente, ya fueron establecidas.
En Catamarca, el conflicto adquiere especial relevancia por el impacto que tiene sobre la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), donde los docentes ya vienen participando de las medidas de fuerza. Sin embargo, el material disponible no permite establecer un impacto cuantitativo específico sobre las actividades académicas locales, por lo que el alcance de la protesta debe ser leído dentro del escenario nacional planteado por los gremios.
Con la semana de paro llegando a su fin, el escenario lejos está de mostrar una solución. El plenario del martes será la próxima instancia para definir nuevas medidas y la convocatoria a una quinta marcha federal universitaria busca volver a instalar el financiamiento de las universidades en el centro de la discusión pública. Así, el conflicto universitario en Catamarca queda atravesado por una disputa más amplia: cuánto tiempo puede extenderse un reclamo que, según los gremios, combina incumplimientos de financiamiento, partidas pendientes, becas congeladas y una resolución judicial cuyo cumplimiento también es cuestionado.
