El endeudamiento familiar en Catamarca alcanzó uno de los niveles más elevados del país y expuso un escenario de fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, Catamarca registró un 20,6% de irregularidad, el segundo porcentaje más alto entre las provincias analizadas junto con Santa Cruz y apenas por debajo de La Rioja, que encabezó el ranking con 23,1%.
El dato adquiere mayor relevancia al observar la evolución general del endeudamiento. En junio de 2026 había 20,97 millones de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito, entre ellos billeteras virtuales. De ese universo, 5,91 millones se encontraban en situación de mora. Frente a febrero de 2024, el número de personas morosas aumentó en aproximadamente 2,60 millones, mientras que el universo total de endeudados creció en 1,60 millones.
Endeudamiento familiar en Catamarca: el dato que expone el deterioro de los ingresos
El informe del CEPA ubicó a Catamarca entre las provincias más afectadas por la mora, dentro de un escenario particularmente complicado en el norte de Cuyo y el sur del NOA. La Rioja presentó una irregularidad del 23,1%, mientras que Catamarca y Santa Cruz llegaron al 20,6%. Detrás quedaron San Luis, con 20,5%, y San Juan, con 20%. En contraste, La Pampa registró 8,7%, CABA 10%, Entre Ríos 12,6%, Santa Fe 12,7% y Córdoba 12,9%.
El problema no se limita al sistema bancario. La mora de las familias también creció con fuerza entre los proveedores no financieros de crédito, un segmento que incluye distintos mecanismos de financiamiento utilizados para sostener el consumo. A nivel general, la irregularidad de este sector llegó al 30,1% en junio, incluso por encima del máximo registrado durante la pandemia. Si se consideran conjuntamente bancos y proveedores no financieros, el CEPA estimó una irregularidad familiar cercana al 15,5%.
Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo moroso familiar a mayo, según el informe. Al mismo tiempo, bancos y billeteras comenzaron a restringir el otorgamiento de nuevos créditos, mientras aumentaba la cantidad de personas que pasaban hacia categorías de mayor riesgo y deudas consideradas irrecuperables. El fenómeno muestra cómo el acceso al crédito puede convertirse, para determinados hogares, en una herramienta para sostener gastos corrientes antes que en un mecanismo destinado a financiar inversiones.
La situación presenta además un fuerte componente generacional. Los menores de 34 años representaban el 38,7% del total de morosos, y dentro de ese grupo el 72,6% tenía incumplimientos con proveedores no financieros. Las tasas más elevadas aparecieron entre quienes tienen entre 20 y 24 años, con una irregularidad total del 33,6%, seguidos por los jóvenes de 18 y 19 años, con 32,7%.
El CEPA vinculó el incremento de la morosidad con el deterioro de los ingresos y calculó una caída del salario real registrado del 8,7% desde noviembre de 2023. Con ponderadores de consumo más actualizados, la estimación de pérdida salarial llega al 18,7%. El informe también señaló que el Gobierno nacional decidió no intervenir directamente sobre el problema y consideró el endeudamiento como una cuestión entre privados.
Para Catamarca, el 20,6% registrado coloca a la provincia frente a un indicador que merece seguimiento por sus consecuencias sobre los hogares y el consumo. El dato, por sí mismo, no permite atribuir la morosidad exclusivamente a una decisión del Gobierno provincial de Raúl Jalil, ya que el informe analiza un fenómeno financiero y económico de alcance nacional. Sin embargo, sí permite dimensionar la situación de las familias catamarqueñas dentro de un escenario donde la capacidad de pago aparece cada vez más tensionada.
La combinación entre más personas endeudadas, mayor mora y pérdida de ingresos configura un escenario particularmente delicado para los hogares. En Catamarca, donde la irregularidad alcanzó el 20,6%, el dato deja una señal concreta sobre la situación financiera de una parte significativa de la población y abre una discusión que excede las estadísticas bancarias: hasta dónde pueden continuar las familias recurriendo al crédito para sostener sus gastos cuando, al mismo tiempo, aumentan los incumplimientos y se restringe el acceso a nuevo financiamiento.
