Seis beneficiarias de Catamarca Incluye se manifestaron este miércoles en el Pabellón 10 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE) para reclamar el pago de dos meses adeudados y solicitar la regularización de su situación dentro del programa. Las mujeres sostienen que realizaron las tareas correspondientes durante junio y julio, pero esos períodos no fueron liquidados luego de una baja administrativa que, según denunciaron, se produjo por problemas de coordinación entre distintas áreas estatales. El reclamo expone además la incertidumbre de las trabajadoras frente a la falta de una respuesta concreta sobre cuándo podrán cobrar lo que consideran ya devengado.
Las manifestantes explicaron que perciben alrededor de $500.000 mensuales y que el retraso tiene un impacto significativo en sus economías familiares. De acuerdo con lo expresado durante la protesta, varias de las beneficiarias son madres solteras y dependen de esos ingresos para afrontar sus gastos cotidianos. La situación adquiere así una dimensión social además de administrativa, ya que el reclamo no se limita a la continuidad dentro de Catamarca Incluye, sino que apunta a recuperar el dinero correspondiente a servicios que, según las propias trabajadoras, fueron efectivamente prestados.
Catamarca Incluye: denuncian una baja administrativa y falta de respuestas
Ángela Pereira, quien se desempeña en el área de Cultura de la Municipalidad de la Capital, relató que el conflicto comenzó luego de una baja registrada durante julio. Según su testimonio, las beneficiarias presentaron notas de descargo y planillas firmadas para acreditar las tareas realizadas y solicitar que se corrigiera la situación. Sin embargo, aseguró que la respuesta recibida hasta el momento contempla el pago correspondiente a agosto, pero no incluye los meses de junio y julio que permanecen pendientes. “Nos hicieron una baja en julio. Presentamos las notas de descargo y las planillas firmadas”, explicó durante la cobertura de El Esquiú Play.
El planteo de las trabajadoras también pone el foco en los cruces de responsabilidades entre organismos provinciales y municipales. Las beneficiarias señalaron que, al buscar una solución, recibieron respuestas vinculadas con diferentes áreas y no lograron obtener una definición clara sobre quién debe resolver el inconveniente. Esta situación alimentó el malestar de las manifestantes, que consideran que la falta de coordinación administrativa terminó trasladando las consecuencias directamente a quienes dependen del ingreso mensual del programa.
Según indicaron las mujeres durante el reclamo, personal administrativo les confirmó que fueron dadas nuevamente de alta en el sistema y que podrían percibir el pago correspondiente al período de agosto. Sin embargo, esa regularización no resolvería el principal reclamo planteado en el CAPE: el pago retroactivo de los dos meses adeudados. Las beneficiarias sostienen que no debería existir una interrupción del cobro cuando pueden acreditar, según afirmaron, que realizaron las tareas previstas y cuentan con documentación firmada que respalda sus presentaciones.
La situación genera además un interrogante sobre el funcionamiento administrativo de Catamarca Incluye y los mecanismos existentes para corregir bajas o errores que terminan afectando a los beneficiarios. En este caso, las mujeres aseguran haber cumplido con las instancias requeridas y haber presentado sus descargos, pero todavía esperan una solución definitiva respecto de junio y julio. Por ahora, la información recibida por las manifestantes diferencia entre la posibilidad de cobrar el último período trabajado y la recuperación de los montos que quedaron pendientes.
El reclamo continuará, según anticiparon las beneficiarias, hasta obtener una respuesta sobre la totalidad de la deuda. Las mujeres permanecieron en el Pabellón 10 para visibilizar su situación y exigir que las áreas responsables intervengan. El conflicto pone nuevamente en discusión la necesidad de que los procedimientos administrativos vinculados con programas de asistencia y prestación de servicios tengan canales claros de comunicación, especialmente cuando una baja puede derivar en la interrupción de ingresos para familias que dependen de ellos.
Por el momento, las beneficiarias cuentan con la confirmación administrativa del alta para el próximo cobro, pero aseguran que eso no alcanza para cerrar el conflicto. Su pedido central continúa siendo el reconocimiento y pago de los períodos de junio y julio que consideran adeudados. Mientras esperan una definición, también reclaman que se determine con precisión qué organismo debe hacerse cargo de resolver el inconveniente que atribuyen a una falta de coordinación entre áreas. El caso quedó planteado como un reclamo concreto por ingresos pendientes y por una respuesta administrativa que, según las manifestantes, todavía no llegó.
