La Unión Tranviarios Automotor (UTA, seccional Catamarca-La Rioja) formalizó una denuncia ante la Dirección de Inspección Laboral contra la empresa de transporte Sierras de Ambato SRL por el impago de sueldos acumulados desde enero. La presentación gremial acusa a la firma administrada por Carlos Vergara de cortar los aportes previsionales y la cobertura de obra social a sus choferes. El agravamiento de la crisis habitacional y alimentaria de los empleados generó una situación sumamente conflictiva que paraliza las líneas operativas en el interior.
Según consta en el escrito al que se tuvo acceso, la transportista funciona actualmente con una única unidad de colectivo en calle y habría incorporado choferes no registrados fuera de la relación de dependencia para mantener el recorrido. Esta maniobra desató la indignación de los trabajadores formales, quienes se encuentran sin prestar tareas y con la certidumbre sobre su continuidad laboral en riesgo. El gremio confirmó que iniciará medidas de fuerza de forma inminente hasta que se regularice la totalidad de las deudas salariales.
Las irregulares condiciones en las que opera la concesionaria del transporte público fueron fuertemente criticadas por los representantes sindicales, quienes apuntaron al impacto económico negativo que atraviesan los conductores afectados. El uso de personal no declarado para cubrir los recorridos habituales expone graves fallas en las inspecciones de transporte y seguridad vial. Vecinos y usuarios de la zona manifiestan preocupación ante el paulatino deterioro del servicio interurbano.
El vaciamiento en el transporte y la inacción que salpica al Gobierno de Catamarca
La falta de fiscalización previa sobre las concesiones de transporte público reavivó los cuestionamientos sobre los mecanismos de control que ejerce la autoridad laboral provincial. El mantenimiento de deudas salariales por más de ocho meses sin intervención de oficio previa revela una marcada dilación institucional. Frente a este panorama de precariedad, la responsabilidad del Gobierno de Catamarca para garantizar el cumplimiento de los contratos de servicio público y los derechos laborales es severamente discutida por los sectores gremiales.
El descontento de los choferes y de los usuarios de las líneas interurbanas se profundiza ante la ausencia de sanciones ejemplares contra la empresa denunciada. Sectores del sindicalismo señalan que la falta de exigencia para el cumplimiento de los aportes patronales termina perjudicando la salud de las familias de los trabajadores. La falta de un plan de contingencia para sostener las frecuencias oficiales acentúa la sensación de abandono en las comunidades que dependen de este transporte.
En este contexto, la gestión que encabeza el gobernador Raúl Jalil recibe reproches por la falta de respuestas ágiles a través de la Dirección de Inspección Laboral. La proliferación de esquemas de contratación irregular en los servicios públicos provinciales debilita el marco legal y genera desconfianza en los organismos de control. Sin una intervención ejecutiva directa, el conflicto laboral amenaza con dejar sin conectividad a varias localidades de la provincia.
La resolución de esta huelga exige la inmediata regularización de los haberes adeudados y la verificación técnica de los choferes al frente de las unidades. La estabilidad de las familias trabajadoras no puede quedar supeditada al vaciamiento de las empresas concesionarias ni a la vista gorda del Estado. De mantenerse la inacción oficial, las medidas de fuerza se extenderán, complicando aún más la movilidad en todo el territorio provincial.
