El alarmante incremento de denuncias por ausencias imprevistas de menores en barriadas populares desnudó serias deficiencias en las políticas de vulnerabilidad juvenil en Catamarca. La advertencia fue realizada por el jefe de la División Trata de Personas de la Policía provincial, comisario Renzo Pacheco, quien reconoció la proliferación de expedientes iniciados en los últimos días e instó a radicar denuncias de forma inmediata, confirmando que el desamparo institucional expone a los adolescentes a graves riesgos delictivos.
El cuadro de desprotección que rodea a las infancias y juventudes locales se tornó inocultable ante la seguidilla de casos recientes, tales como la búsqueda de una joven de 16 años en el barrio Virgen Niña o extravíos reiterados en sectores como La Esperanza y Santa Marta. A esto se sumó la viralización de videos donde adolescentes de 14 y 15 años realizaban peligrosas piruetas en motocicletas con niños en brazos, una situación que forzó al abogado de Familia Sergio Leiva a exigir la intervención urgente de la Justicia de Familia.
Desde la propia fuerza de seguridad admitieron que cuando un menor abandona su hogar, ya sea por violencia intrafamiliar o restricciones cotidianas, queda en absoluta desprotección frente a redes criminales. La preocupación central de los investigadores radica en impedir que los jóvenes sean captados bajo falsas promesas digitales y trasladados hacia otras provincias para ser víctimas del delito de trata de personas, un peligro creciente facilitado por los engaños en redes sociales.
Pese a la gravedad del escenario, las respuestas estatales evidencian un marcado retraso frente al deterioro social imperante en la provincia. Mientras el gobernador Raúl Jalil concentra su discurso público en paneles sobre inversiones mineras o propone cursos teóricos de finanzas para familias endeudadas, los organismos dedicados a la contención social carecen de esquemas preventivos territoriales en las zonas periféricas para anticiparse al abandono escolar y las fugas de hogar.
Engaños virtuales, seguimiento tardío y la sobrecarga de los organismos de protección
El funcionamiento de los organismos de protección de la niñez también quedó bajo la lupa tras reconocerse que los seguimientos integrales se activan únicamente después de que los menores son localizados por la Policía. Esta dinámica reactiva deja sin contención a los entornos familiares más castigados por la crisis de ingresos y las adicciones, trasladando la responsabilidad hacia la ciudadanía a través de llamadas de emergencia al SAE-911.
Asimismo, la creciente intervención de los juzgados ante situaciones de negligencia o riesgo extremo confirma el desborde de los dispositivos oficiales de inclusión. La falta de articulación entre los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social permite que la precariedad barrial y la captación digital avancen sin barreras sobre adolescentes desocupados, consolidando una crisis estructural que no se resuelve con meras advertencias policiales.
La reiteración de avisos de paradero en distintos distritos de la capital confirma el crítico panorama de la vulnerabilidad juvenil en Catamarca. Con adolescentes expuestos a la violencia callejera o a engaños que amenazan con derivar en trata de personas y un Poder Ejecutivo provincial desentendido de las urgencias de los sectores más frágiles, las comunidades barriales reclaman una presencia estatal efectiva que garantice contención real y protección antes de que los menores desaparezcan.
