Una inspección gremial en el oeste provincial desató un fuerte escándalo y puso en entredicho las condiciones de seguridad laboral en la minería de Catamarca. Durante una asamblea paritaria en las instalaciones del proyecto de litio emplazado en Fiambalá, representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) detectaron anomalías operativas críticas, disponiendo la paralización inmediata de áreas operativas y el retiro forzoso de maquinarias que ponían en riesgo directo la integridad del personal.
La constatación in situ reveló irregularidades que vulneran las normativas vigentes de salubridad y prevención de accidentes. Según detalló el secretario general de AOMA Catamarca, Gustavo Molina, la compañía reutilizaba maquinarias pesadas que habían sido dadas de baja por fallas mecánicas, carecía de elementos de protección en puestos clave y operaba con herramientas armadas de forma casera, sumado a sectores sin red contra incendios y maniobras de descarga que la patronal minimiza sistemáticamente.
El hallazgo gremial desnudó una severa contradicción institucional en la fiscalización sobre los yacimientos de la Puna. Pese a que inspectores dependientes del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Minería provincial recorrieron el predio en las últimas semanas, las irregularidades continuaban activas en la planta fabril, evidenciando la ineficacia de las inspecciones estatales para detectar o sancionar maniobras que desafían los protocolos técnicos y de protección laboral.
Desde el sindicato remarcaron que los descargos de la operadora carecen de sustento frente a instalaciones que funcionan por fuera de los estándares internacionales. Molina advirtió que la firma transnacional viola constantemente los protocolos de prevención y se convirtió en la empresa que mayores recursos y energía demanda tanto al gremio como a las dependencias públicas de control, obligando a las comisiones gremiales a frenar faenas para forzar la adecuación de los equipos retirados.
Equipos obsoletos, controles estatales cuestionados y la seguridad laboral en la minería de Catamarca
Las denuncias por el desamparo laboral en Fiambalá contrastan abiertamente con el discurso del gobernador Raúl Jalil sobre las bondades de las inversiones de litio. Mientras el Poder Ejecutivo promociona a la provincia como un enclave seguro para capitales globales y celebra beneficios impositivos como la Zona Franca de Tinogasta, en las plantas persisten esquemas de precarización que amenazan a los obreros y postergan a los contratistas y proveedores locales.
Este conflicto en las faenas del oeste se suma a antecedentes recientes de tensión en los salares puneños, como el reclamo gremial por traslados en medio de temporales de nieve, quejas por la reducción de raciones de comida y demoras salariales en firmas contratistas. Estas reiteradas denuncias exponen que la bonanza extractiva celebrada en despachos oficiales no garantiza condiciones dignas ni estándares laborales certificados para la mano de obra del interior catamarqueño.
