La aceleración de los proyectos de extracción en la Puna puso en el centro de la controversia ambiental al modelo minero en Catamarca. Mientras el gobernador Raúl Jalil promociona en eventos corporativos cifras récord de ocupación y la entrada en fase productiva de cuatro yacimientos de litio, asambleas ciudadanas, puesteros y comunidades originarias advierten que el bombeo intensivo de salmuera y fuentes subterráneas pone en riesgo directo el frágil balance hídrico de las cuencas altoandinas.
El cuestionamiento apunta al método de evaporación a gran escala utilizado para separar el mineral en los salares cordilleranos. Especialistas y pobladores del oeste provincial señalan que este procedimiento demanda millones de litros de agua dulce y salmuera por tonelada producida, lo que impacta sobre los acuíferos que alimentan vegas, lagunas y ríos esenciales para la fauna silvestre y el sustento de la ganadería tradicional de subsistencia.
La inquietud social tiene antecedentes concretos que llegaron a los estrados judiciales provinciales. Habitantes de Antofagasta de la Sierra denunciaron reiteradamente la desecación de vegas vinculadas a cauces como el río Trapiche tras décadas de captación industrial, situación que derivó en presentaciones ante la Corte de Justicia local para frenar la entrega de permisos y exigir estudios de impacto ambiental acumulativo en cuencas estratégicas como la del río Los Patos.
En simultáneo, asambleas de Fiambalá mantienen reparos sobre las operaciones de la firma transnacional Zijin-Liex en las lagunas de altura, advirtiendo por la alteración de los humedales donde habitan especies protegidas. A estos reclamos se sumaron recientes denuncias de comunidades originarias en el departamento Belén, que alertaron sobre el avance exploratorio de empresas mineras en zonas de pastoreo donde el recurso hídrico resulta indispensable y sumamente escaso.
Estrés en los salares, fiscalización oficial y el reclamo por las cuencas
Frente a las advertencias por la sustentabilidad de los ecosistemas, la respuesta del Gobierno provincial prioriza la captación acelerada de inversiones bajo regímenes de incentivo fiscal. Sin embargo, sectores ambientales y vecinos señalan que los organismos de control técnico, como la Secretaría de Minería y el Ministerio de Agua, carecen de auditorías independientes y continuas en el territorio para medir el descenso real de las napas sin depender exclusivamente de las declaraciones corporativas.
Esta falta de rigurosidad fiscalizadora coincide con las anomalías operativas detectadas por gremios en las plantas de proceso, donde se constató el uso de equipos deteriorados y el incumplimiento de protocolos básicos de seguridad. La vulnerabilidad laboral en los yacimientos refuerza la desconfianza de las comunidades sobre la capacidad del Estado para garantizar tanto la integridad de los operarios como la preservación del agua en las zonas productoras.
La tensión por la disponibilidad hídrica en las cuencas de la Puna expone las contradicciones que atraviesan al modelo minero en Catamarca. Con reservas de agua amenazadas en zonas áridas, pueblos del interior que reclaman resguardo para su producción agroganadera y autoridades enfocadas en la retórica exportadora, la preservación del recurso natural más valioso continúa postergada frente al ritmo extractivo de los salares.
