Un grave conflicto administrativo y diplomático sacudió los despachos oficiales tras revelarse las maniobras estatales para explorar litio en Catamarca. La empresa pública Catamarca Minera y Energética (CAMYEN) cobró dos millones de dólares a la compañía World Metals Alloys (WMA), de Emiratos Árabes, por un permiso sobre 7.500 hectáreas en el proyecto Campo Blanco, pese a que las tierras se superponen directamente con el Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez y el Sitio RAMSAR Lagunas Altoandinas.
El acuerdo se selló en junio de 2024 durante un acto formal en Casa de Gobierno encabezado por el gobernador Raúl Jalil. En ese momento, la empresa estatal ni siquiera contaba con la titularidad firme de las concesiones mineras, las cuales recién fueron formalizadas meses después por el Ministerio de Minería sin dejar constancia en sus resoluciones de la existencia de la reserva ambiental creada por ley provincial en 2012.
La maniobra colapsó cuando la firma emiratí presentó el Informe de Impacto Ambiental ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM). Los dictámenes técnicos del propio Poder Ejecutivo fueron demoledores: la Dirección de Hidrología negó permisos de agua y la Dirección de Recursos Forestales advirtió que cualquier habilitación resultaría jurídicamente nula por violar el Plan de Manejo de la reserva, exponiendo al Estado a demandas patrimoniales.
Frente a las advertencias legales, la ministra de Minería, Olga Teresita Regalado, rechazó formalmente el estudio y archivó el expediente el pasado 2 de junio. Sin embargo, al caerse el proyecto, los directores de CAMYEN se negaron a devolver los 2 millones de dólares ya cobrados y pretendieron compensar a los inversores con yacimientos de otros minerales que carecen de valor comercial para la actividad litífera.
Rechazo ambiental, retención de fondos y el impacto en las inversiones provinciales
La negativa a reintegrar el dinero derivó en la retirada de los técnicos y directivos extranjeros de la provincia, dejando una sola persona en la sede local. El accionar de las autoridades de CAMYEN, presidida por José Barrera Albarracín junto al vicepresidente Gabriel Molina —quienes carecen de formación técnica en el rubro minero—, desató una severa crisis de confianza en los mercados internacionales sobre la seguridad jurídica local.
A este conflicto se suma la debilidad financiera de la minera estatal, que administra unas 450 propiedades tras reformas normativas que le otorgan prioridad de adjudicación. Con cerca de 250 concesiones al borde de la caducidad por falta de pago del canon oficial, la empresa adeuda alrededor de 500 millones de pesos al fisco provincial, abriendo sospechas sobre el destino de los fondos extranjeros retenidos sin contraprestación.
El fallido proyecto en Campo de Piedra Pómez desnudó la improvisación en la política para explorar litio en Catamarca. Con áreas naturales cedidas de forma irregular y millones de dólares retenidos a inversores extranjeros que abandonaron el país defraudados, la administración de Raúl Jalil enfrenta un fuerte descrédito institucional que contradice su promocionado relato de atracción de capitales.
