La causa penal por el asesinato de Norma Tula sumó una fuerte controversia tras el rechazo formal de la querella a las conclusiones emitidas por el Cuerpo Forense en Catamarca. El abogado Diego Quinteros Martínez, representante legal de los familiares de la víctima del crimen ocurrido el 19 de julio en el barrio La Chacarita, anticipó que pedirá aclaratorias contra el dictamen interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que declaró inimputable al acusado, Joaquín Tula, por considerar que carece de rigor científico suficiente.
La querella denunció que la pericia psicológica y psiquiátrica se estructuró a partir del relato subjetivo del imputado y un simple test proyectivo de dibujo. El letrado remarcó que el documento abusa de términos en potencial para luego fijar una conclusión terminante sobre la salud mental del agresor, advirtiendo que los profesionales auxiliares se extralimitaron en sus funciones legales al atribuirse facultades resolutivas que corresponden de forma exclusiva a los jueces del fuero penal.
El estudio oficial presenta marcadas contradicciones respecto a la eventual ingesta de sustancias durante la jornada del matricidio. Existen notorias discrepancias entre las evaluaciones médicas de guardia labradas tras el arresto en el Hospital Interzonal San Juan Bautista —donde el sospechoso sigue internado— y las hipótesis volcadas en el texto del informe pericial, abriendo interrogantes procesales sobre el estado cognitivo y volitivo real del acusado al cometer el hecho.
Ante esta situación, la representación familiar insistió en que el informe constituye únicamente una pieza técnica no vinculante dentro del expediente. En los próximos días exigirán celeridad en la apertura pericial de los teléfonos celulares secuestrados, el llamado a nuevos testigos del entorno cercano y ampliaciones clínicas para reconstruir la cronología completa de las horas previas al mortal ataque.
Dictámenes discutidos, demoras probatorias y el rol de los organismos judiciales
El debate en torno a este estudio evidencia falencias operativas en las dependencias periciales dependientes del Poder Judicial provincial. A pesar de los reclamos ciudadanos por resoluciones ágiles en causas de homicidio, el gabinete técnico arrastra demoras severas para producir informes periciales definitivos, generando sospechas de impunidad en los familiares de las víctimas que aguardan avances procesales concretos.
Esta falta de garantías en las pericias oficiales contrasta con la pasividad de los organismos públicos encargados de velar por la salud mental y las adicciones. Mientras la administración provincial reduce recursos en áreas de asistencia interdisciplinaria temprana, las familias quedan libradas a su suerte ante situaciones de violencia intrafamiliar extrema que terminan en desenlaces trágicos sin intervención preventiva del Estado.
El cuestionamiento al informe de inimputabilidad interpela directamente el desempeño del Cuerpo Forense en Catamarca. Con medidas probatorias aún pendientes y una querella decidida a impugnar el informe interdisciplinario, la comunidad judicial exige peritajes exhaustivos y transparentes que garanticen el esclarecimiento del brutal matricidio sin atajos técnicos que frustren la justicia.
