Una serie de inspecciones desplegadas por la Policía Provincial derivó en un masivo secuestro de rodados que encendió el debate sobre los controles viales en Catamarca. En intervenciones simultáneas coordinadas entre la jornada del jueves y la madrugada del viernes, numerarios policiales incautaron un automóvil y 38 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, además de concretar el arresto de cinco ciudadanos mayores de edad durante procedimientos de identificación en la vía pública.
El operativo conjunto involucró a efectivos de las comisarías departamentales de Belén, Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú, junto al personal de las seccionales Segunda, Cuarta, Sexta y Décima de la Capital, y las dependencias de San Isidro y Villa Dolores en Valle Viejo. Según el reporte de las fuerzas de seguridad, los vehículos fueron retenidos preventivamente luego de que los conductores infringieran disposiciones del Código de Faltas provincial y de la Ley Nacional de Tránsito.
Pese a los números oficiales difundidos por la Jefatura policial, la proliferación de retenes fijos suscita continuos cuestionamientos en los sectores populares y trabajadores del Valle Central y del interior. Vecinos y usuarios de motovehículos denuncian que estos procedimientos se concentran prioritariamente en la incautación de rodados menores de familias que los utilizan como único medio de transporte cotidiano, antes que en tareas de prevención contra la delincuencia organizada y los robos callejeros.
El secuestro masivo de motocicletas deja en evidencia las dificultades socioeconómicas que afronta la población para regularizar costos de patentes, seguros y documentación técnica en plena recesión. Los elevados montos de acarreo y estadía judicial exigidos para la restitución de las unidades terminan despojando a muchos propietarios de su herramienta básica de trabajo, derivando en depósitos oficiales desbordados de motos retenidas por infracciones administrativas.
Retenes recaudatorios, asfalto deteriorado y falta de seguridad en los barrios
La orientación de estos retenes interroga directamente las prioridades del Ministerio de Seguridad y de la administración del gobernador Raúl Jalil. Mientras el Gobierno provincial intensifica las requisas sobre conductores en puntos de tránsito clave, comerciantes y vecinos de barrios periféricos de la Capital y de Valle Viejo continúan reclamando por la escasez de patrullaje preventivo en las esquinas más conflictivas.
A esta contradicción se suma la carencia de políticas públicas orientadas a la educación vial y a la mejora sustancial de las calzadas urbanas y rutas provinciales. Con arterias deterioradas, falta crónica de señalización luminosa y servicios de transporte público deficientes, el Estado responde con sanciones punitivas que alimentan la sospecha ciudadana sobre el carácter primordialmente recaudatorio de los retenes montados por las distintas seccionales.
El secuestro de casi cuarenta vehículos en apenas veinticuatro horas confirma las tensiones que generan los controles viales en Catamarca. Con trabajadores que exigen facilidades administrativas para circular sin perder sus pertenencias y barriadas que demandan patrulleros recorriendo las calles en lugar de inspectores apostados en avenidas, el esquema de seguridad vial provincial enfrenta crecientes demandas para transparentar sus criterios y priorizar la tranquilidad comunitaria.
