Una seguidilla de violentos episodios delictivos en las últimas jornadas encendió el malestar social ante el avance de la inseguridad en Catamarca. Desde arrebatos callejeros y agresiones armadas hasta pedradas contra uniformados durante operativos antinarcóticos en barriadas periféricas, la seguidilla de hechos expone la vulnerabilidad a la que están expuestos los vecinos del Valle Central ante la falta de esquemas preventivos eficaces.
La violencia callejera quedó expuesta en Valle Viejo, donde en la calle Hermanas Villagrán de Polcos dos sujetos en motocicleta asaltaron a una adolescente de 16 años para arrebatarle el teléfono. La rápida intervención vecinal permitió interceptar a los ladrones, pero dejó en evidencia el temor de los residentes de zonas residenciales que denuncian el asedio de motochorros sin patrullajes constantes.
En simultáneo, la tensión escaló en la zona sur capitalina durante un procedimiento judicial en el barrio Santa Marta. Efectivos de Drogas Peligrosas fueron atacados a pedradas por un grupo de personas mientras desarticulaban un punto de narcomenudeo instalado en una vivienda familiar, obligando a convocar refuerzos antidisturbios del GIR-Sur y de Infantería para resguardar a los detenidos y evitar males mayores.
A este cuadro se suman violentos ataques intrafamiliares ocurridos con pocas horas de diferencia. En San Isidro, un joven de 20 años fue arrestado tras intentar apuñalar a su madre con un cuchillo, mientras que en el pasaje Cura Brochero de la Capital otro individuo de 24 años fue alojado en la comisaría tras golpear y amenazar a su progenitora dentro de su casa.
Retenes en rutas turísticas, desprotección barrial y vacío estatal
Este crítico escenario interpela de manera directa la conducción de la cartera de Seguridad bajo la gestión de Raúl Jalil. Organizaciones barriales cuestionan la asimetría en la distribución de personal: mientras se montan grandes retenes para pedir documentación vehicular hacia las villas turísticas por la Semana del Estudiante, las comisarías del interior carecen de móviles y combustible para atender urgencias delictivas a diario.
A la escasez de patrullaje se suma la falta de contención en salud mental y adicciones. Las familias que conviven con individuos violentos señalan que el auxilio oficial se limita a la llegada tardía de un móvil policial, obligando a las víctimas a peregrinar en soledad por las unidades judiciales sin recibir asistencia psicológica interdisciplinaria ni medidas de custodia efectiva en sus hogares.
La repetición de asaltos, disturbios y agresiones domésticas desnuda la fragilidad de las medidas oficiales para frenar la inseguridad en Catamarca. Con vecinos que deben reducir a los asaltantes por mano propia y uniformados atacados en allanamientos, la comunidad exige que el Gobierno provincial termine con los despliegues de visibilidad y garantice un plan de vigilancia permanente en los barrios olvidados.
