La creciente tensión desatada en los salares de la Puna volvió a situar bajo la mirada pública las consecuencias del avance minero en Catamarca. Lo que desde los despachos oficiales se presenta como un polo indiscutido de atracción de inversiones y desarrollo productivo enfrenta un severo foco de resistencia en el territorio: la Comunidad Indígena Peñas Negras denunció la presencia permanente de efectivos policiales que custodian las actividades de prospección privada en zonas de pastoreo ancestral sin haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de los pobladores.
El conflicto escaló de tal manera que trascendió las fronteras departamentales y llegó al Congreso de la Nación. Diputados de distintos bloques impulsaron pedidos de informes y pronunciamientos formales ante el uso de recursos de la fuerza pública provincial para resguardar la logística de firmas extractivas, advirtiendo sobre un patrón sistemático de hostigamiento y judicialización hacia comuneros y puesteros que intentan impedir el tránsito de maquinaria pesada por sus vegas y aguadas.
La resistencia comunitaria pone en jaque el concepto de licencia social que pregona la administración provincial. Mientras las autoridades promocionan foros de negocios internacionales y exenciones impositivas para atraer capitales extranjeros, las familias de la alta montaña señalan que la apertura de caminos mineros y el uso intensivo de acuíferos amenazan directamente la subsistencia del ganado de camélidos, actividad tradicional que sustenta la economía comunitaria desde hace generaciones.
Por otra parte, la respuesta punitiva del Estado profundiza el malestar social en las poblaciones originarias. Lejos de abrir mesas de diálogo vinculantes y transparentes para auditar los estudios de impacto ambiental, los organismos de control minero se limitan a convalidar los informes elaborados por las propias operadoras, dejando desprotegidos a los lugareños frente a la alteración del frágil ecosistema puneño.
Custodia policial a privados, tensión en los salares y el reclamo de las comunidades
Este accionar interpela la gestión del gobernador Raúl Jalil, a quien las asambleas territoriales acusan de desviar agentes de seguridad hacia faenas empresariales en lugar de atender las necesidades de vigilancia en los pueblos del interior. La asimetría operativa es notoria: se montan campamentos policiales para proteger maquinarias de firmas privadas, mientras las comisarías de los departamentos vecinos carecen de móviles para emergencias básicas.
A esta contradicción se suma el cuestionamiento sobre el verdadero impacto distributivo de la renta extractiva. Diversos sectores señalan que los proyectos mineros en marcha no han logrado revertir la caída histórica del empleo formal ni la precariedad de los centros de salud zonales, consolidando un esquema donde los pasivos ecológicos y los conflictos de tierras permanecen en la provincia mientras las ganancias se liquidan fuera del territorio.
La resistencia organizada en Peñas Negras desmitifica la supuesta pacificación social que pregona el oficialismo en torno al avance minero en Catamarca. Con denuncias radicadas en el Parlamento nacional, custodia armada sobre salares en litigio y comunidades decididas a defender sus fuentes de agua, la disputa territorial confirma que el modelo extractivo avanza sobre derechos comunitarios que el Estado continúa ignorando.
