Los movimientos del oficialismo con la decisión de poner en marcha Agua Rica, a pesar de haber perdido las elecciones municipales en Andalgalá, reactivaron al ambientalismo más duro. El clima social se volvió a tensar como hacía mucho no pasaba, precisamente porque el proyecto estaba dormido. Es la lucha de pobres contra pobres (fanáticos promineros y antimineros) donde los funcionarios, gremialistas y jueces -paradójicamente a su discurso oficial- actúan también en contra de la actividad. La idea de “pobres contra pobres” se desprende de que, si bien los mineros ganan buenos sueldos, lo hacen en un país en crisis y con hambre. Esto es diferente a la remuneración en los países desarrollados donde tienen minería.
De manera que los principales antimineros son los propios funcionarios. Por ejemplo, el manejo desprolijo de la aprobación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA), del Ministro de Minería de Catamarca y actual presidente de Consejo Federal Minero, Rodolfo Micone, significa una vergüenza. Además significa, al menos, dos cosas: o son funcionarios que actúan con impunidad, sin importarles la ley y la normativa vigente, o son analfabetos en materia mineroambiental, con responsabilidad en cuestiones que se declaran política de Estado. Todo esto provoca una enorme discordia en la sociedad.
La actuación de la justicia en relación con la minería
De igual manera actúa el Juez de Minas, Guillermo Cerda. Él fue responsable del levantamiento del pueblo de Andalgalá, que el 15 de febrero pasado conmemoró 10 años de la represión, mientras se manifestaba en contra de Agua Rica. Cerda otorgó una mina debajo de la ciudad, lo que provocó la natural reacción social.
El juez de Minas sigue otorgando propiedades mineras, como el Área de Reserva de Laguna Blanca, sin el Informe de Impacto Ambiental. Esta situación es anómala, porque no se deben conceder minas en dichas áreas. Lo mismo hizo con el acueducto Río Los Patos. Aprobó el proyecto sin atender aspectos legales y sociales que implican tensión social en Antofagasta.
La ausencia en el diálogo político y técnico de los responsables de Minería trae muchas consecuencias. Por un lado, incrementan las dudas de dicha actividad, y por otro, perjudica a los profesionales del tema, especialmente a la exploración minera. Además afecta la tranquilidad de la población que no puede tener certeza de la actividad porque hay torpeza, falta de pericia y sentido común. Los funcionarios parecen ser los principales enemigos de los proyectos que presentan como la salvación para comunidades hambrientas. Absolutamente contrario y paradójico, no podría arrojar otro resultado “oficial” que la alteración socialista.
