Una protesta laboral con interrupción de tránsito en el departamento chacarero desató una nueva controversia sobre las condiciones de la industria agroalimentaria en Catamarca. Operarios de la planta procesadora de aceitunas El Alto S.A. iniciaron a primera hora un plan de lucha que combina retención de tareas, bloqueo de los portones de acceso y un corte parcial sobre la Ruta Nacional N° 33, en la localidad de Las Esquinas, en reclamo por severos incumplimientos en el cobro de haberes y aportes de convenio.
La medida gremial reúne a trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y peones rurales de la UATRE, quienes denunciaron un deterioro sostenido de la relación laboral. Entre los puntos nodales de la protesta figuran la falta de liquidación del sueldo correspondiente al mes de agosto, pagos fragmentados en cuotas y demoras crónicas en la provisión de indumentaria de seguridad reglamentaria y subsidios de movilidad para el combustible del personal de planta.
El secretario general del STIA, José Ocampo, remarcó que las bases fabriles resolvieron el corte ante el agotamiento de las instancias de diálogo y la reiteración de compromisos patronales que nunca llegaron a concretarse. La entidad sindical solicitó con carácter de urgencia la intervención formal de la autoridad de aplicación laboral competente para fijar una audiencia de conciliación entre las partes, advirtiendo que las medidas de fuerza continuarán por tiempo indeterminado hasta que se acrediten las sumas retenidas.
Deudas salariales, corte en la Ruta 33 y demora de Inspección Laboral
El conflicto sobre la calzada nacional genera importantes demoras en el tránsito pesado y de pasajeros que conecta la Capital con el este provincial. Transportistas y automovilistas se vieron sorprendidos por las barricadas montadas por los manifestantes en Las Esquinas, una situación que expone el desgaste social derivado de los atrasos salariales que golpean a las familias trabajadoras del sector olivícola en plena temporada de producción.
Esta parálisis operativa interpela de lleno las políticas de fiscalización que dependen del Gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil. Representantes de los trabajadores cuestionan la lentitud de la Dirección Provincial de Inspección Laboral para auditar a las firmas agroindustriales radicadas en el Valle Central, permitiendo que las patronales acumulen semanas de incumplimientos en haberes básicos sin que se apliquen intimaciones preventivas antes de que la tensión derive en bloqueos viales.
La controversia exhibe además las contradicciones del modelo de promoción económica oficial, que promociona incentivos a empresas agroexportadoras mientras descuida la tutela de los derechos laborales mínimos en las plantas procesadoras. Dirigentes gremiales advierten que la fragmentación de salarios se vuelve insostenible frente al costo de la canasta básica, forzando a los operarios a resistir en las rutas para evitar la pérdida total de su sustento económico.
