El inminente inicio de un debate oral en el Juzgado Correccional de Tercera Nominación reavivó los duros cuestionamientos hacia el tratamiento judicial de la violencia de género en Catamarca. Este miércoles se juzgará a Carlos Díaz, un hombre imputado por golpear brutalmente a su expareja Romina hace tres años en la localidad de Recreo, provocándole la fractura del tabique nasal y la pérdida definitiva de dos piezas dentales, un cuadro clínico que, insólitamente, el fuero penal encuadró bajo la figura de lesiones leves.
La abogada querellante, Silvia Barrientos, manifestó su profundo rechazo ante la calificación legal que sostiene la fiscalía. La letrada detalló que durante la etapa de instrucción se incorporaron abundantes placas radiográficas, peritajes odontológicos e informes médicos que certificaban la desfiguración del rostro de la víctima, pero los operadores judiciales desestimaron la tipificación de lesiones graves, minimizando el impacto físico y psicológico permanente de la agresión.
El estupor se agrava al confirmarse que el imputado llegará al banquillo en libertad. Tras haber permanecido un período bajo arresto preventivo y posteriormente monitoreado con tobillera electrónica, el sistema penal flexibilizó sus medidas de coerción, permitiéndole aguardar la instancia de sentencia en las calles mientras la denunciante debe afrontar los altos costos emocionales y económicos de prolongados tratamientos de reconstrucción facial y acompañamiento terapéutico.
La situación trasciende el daño físico inmediato y afecta de manera directa a la hija en común de la pareja, quien también padece secuelas psicológicas derivadas del contexto de violencia intrafamiliar. La querella anticipó que durante los alegatos solicitará formalmente que se aplique una condena de prisión de cumplimiento efectivo, exigiendo que el tribunal corrija la mirada restrictiva que protegió al agresor durante el extenso proceso investigativo.
Revictimización, demoras procesales y el reclamo por perspectiva de género
El caso de Romina expone las fallas estructurales y la revictimización institucional que padecen las mujeres al denunciar agresiones bajo la actual administración de justicia. Diferentes colectivos y organizaciones territoriales critican que los tiempos de los despachos judiciales se prolonguen por más de tres años para llegar a un juicio correccional, sometiendo a las sobrevivientes a una agonía espiritual que no se compadece con la urgencia que requieren los abordajes por violencia machista.
A la dilación procesal se suma la carencia de una perspectiva de género real en la valoración de las pruebas periciales. El encuadre de una mutilación dental y una fractura ósea como un delito menor evidencia que los peritos y fiscales de instrucción continúan subestimando la ferocidad de los ataques en contextos de pareja, emitiendo dictámenes técnicos que terminan favoreciendo excarcelaciones y penas en suspenso para agresores confesos.
La apertura de las audiencias contra Carlos Díaz pondrá bajo la lupa la respuesta institucional frente a la violencia de género en Catamarca. Con una víctima que demanda cárcel efectiva y una querella que cuestiona la minimización legal de los daños irreversibles sufridos, la sociedad civil espera que el juzgado correccional abandone las interpretaciones atenuantes y dicte una sentencia ejemplar que garantice protección real para las mujeres agredidas.
