Un operativo de fiscalización gremial realizado en el este provincial sacó a la luz una grave situación de explotación hacia peones rurales en Catamarca. Representantes de la seccional local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) intervinieron en un establecimiento agropecuario ubicado sobre el camino vecinal El Gacho, en el departamento La Paz, donde descubrieron que cinco operarios vivían en condiciones degradantes dentro de un refugio armado con bolsas plásticas.
El relevamiento formalizado en las actas de inspección constató la falta total de servicios básicos e infraestructura habitacional en el predio rural. Los trabajadores dormían sobre estructuras precarias armadas con palets, tarimas y troncos de madera, carecían de sanitarios o letrinas para realizar sus necesidades y mantenían cortes de carne vacuna colgados a la intemperie entre los árboles para su subsistencia, debido a la ausencia de energía eléctrica y heladeras.
El procedimiento estuvo a cargo del secretario general de UATRE Icaño, Ramón Caro, la dirigente Paula García y el letrado Luis Luna, quienes labraron las infracciones tras recorrer las instalaciones de la finca. Al llegar al lugar, la comitiva identificó a dos peones en el acceso principal y posteriormente halló al resto del grupo en la parte posterior del establecimiento, elevando de inmediato los informes a las dependencias legales competentes.
Este procedimiento vuelve a poner en evidencia el retraso crónico en las inspecciones preventivas sobre las explotaciones agrarias del este provincial. Representantes gremiales advierten que las patronales del campo someten con frecuencia a los trabajadores golondrina a regímenes ilegales de alojamiento para reducir costos, operando con total impunidad en caminos vecinales alejados debido a la escasez de patrullas laborales que recorran los parajes de campaña.
Ranchos improvisados, desidia patronal y ausencia de fiscalización provincial
El hallazgo de operarios en condiciones análogas a la servidumbre interpela de lleno las políticas laborales del Gobierno provincial que conduce Raúl Jalil. Organizaciones gremiales y territoriales critican que la Dirección Provincial de Inspección Laboral mantenga un esquema de control reactivo y pasivo, descansando la detección de abusos patronales en las denuncias sindicales en lugar de desplegar auditorías sorpresivas periódicas en los establecimientos productivos del interior.
A la carencia de controles estatales se suma el agravamiento de la informalidad y los bajos ingresos que castigan al sector agrario catamarqueño. Con jornales rurales depreciados que apenas alcanzan para la comida diaria, los peones se ven forzados a tolerar el hacinamiento en carpas precarias para evitar perder sus fuentes de sustento, mientras las carteras ministeriales no aplican clausuras ejemplares ni sanciones económicas disuasorias a los dueños de los campos.
El operativo desarrollado en el paraje El Gacho visibiliza la crítica realidad de los peones rurales en Catamarca. Con trabajadores desprovistos de servicios higiénicos elementales y patrones que vulneran los convenios de la actividad, la sociedad civil exige al Estado provincial la reactivación urgente del poder de policía laboral para erradicar definitivamente la precariedad extrema y garantizar condiciones dignas en los campos provinciales.
