Un alarmante informe técnico expuso la gravedad social del endeudamiento familiar en Catamarca. Durante una exposición ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas provincial, Juan José Pérez, alertó que la jurisdicción se ubica en el tercer lugar del ranking nacional de morosidad, reflejando el deterioro en el poder adquisitivo de los hogares frente a la inflación sostenida.
Los datos presentados por la entidad profesional revelan una realidad crítica: 480 de cada mil habitantes poseen actualmente al menos un crédito activo impago. El monto promedio de estas obligaciones financieras trepó a 1,5 millones de pesos, una cifra que se multiplicó por cuatro en el transcurso del último año y medio, empujando a miles de asalariados a una espiral de pasivos que compromete sus ingresos habituales.
A escala general, el especialista puntualizó que la mora de los usuarios alcanzó el 18%, acumulando 21 meses consecutivos de variaciones al alza y perjudicando de manera directa a seis millones de personas en el país. En su análisis, el economista remarcó que este endeudamiento crónico no responde a desarreglos de conducta, sino a salarios corrientes que perdieron la capacidad material de costear la canasta básica familiar.
El diagnóstico respaldó técnicamente la ley impulsada por el bloque Elijo Catamarca para crear mecanismos de reestructuración crediticia. Según detalló Pérez, la norma propuesta constituye un instrumento equilibrado que no estipula el perdón de pasivos, la paralización de ejecuciones judiciales ni el traspaso de costos al erario público, buscando ordenar compromisos para evitar quiebras masivas en la economía informal.
Sueldos congelados, asfixia financiera y falta de respuestas oficiales
La magnitud de la crisis crediticia interpela de forma directa las políticas de contención del gobernador Raúl Jalil. Distintos sectores comunitarios cuestionan que el Poder Ejecutivo continúe ofreciendo acuerdos salariales por debajo del costo de vida real a los empleados estatales y municipales, empujando a los trabajadores a financiar alimentos y servicios esenciales con tasas de interés usurarias ante la falta de ingresos genuinos.
A esta problemática se suma la falta de tratamiento legislativo provincial, donde el oficialismo evitó debatir herramientas crediticias de alivio para el consumo familiar. La ausencia de programas oficiales de mediación y subsidio de tasas deja a los pequeños comerciantes y empleados públicos a merced de entidades financieras no reguladas, acentuando la vulnerabilidad económica en los centros urbanos y localidades del interior.
El demoledor escenario descripto por el CPCE ratifica la urgencia de legislar frente al endeudamiento familiar en Catamarca. Con casi la mitad de los habitantes con cuentas vencidas y obligaciones que superan su capacidad de pago, la ciudadanía exige que el Gobierno provincial abandone la indiferencia salarial y respalde iniciativas parlamentarias que pongan freno a la asfixia cotidiana de las familias catamarqueñas.
