La utilización intensiva de fuentes superficiales y napas subterráneas por parte de los emprendimientos extractivos reactivó el debate público sobre el cuidado del agua en Catamarca. Comunidades cordilleranas, regantes y especialistas ambientales advierten que la evaporación forzada y el bombeo de millones de litros diarios en cuencas cerradas ponen en riesgo la sostenibilidad hidrológica en una de las regiones más áridas del país.
El eje central del conflicto se concentra en la fragilidad de los salares y humedales altoandinos. En ecosistemas donde la recarga pluvial es prácticamente nula, la extracción de salmuera y el empleo de agua dulce para los procesos industriales alteran el equilibrio entre las napas dulces y saladas, provocando el retroceso paulatino de las vegas de altura que sustentan la fauna autóctona y el pastoreo tradicional.
A esta preocupación por el volumen hídrico consumido se suma la incertidumbre respecto a la calidad del líquido elemento cuenca abajo. Habitantes de pueblos y parajes vecinos a las explotaciones manifiestan sospechas fundadas sobre posibles variaciones químicas y turbidez en las vertientes naturales, exigiendo análisis toxicológicos frecuentes que certifiquen la inocuidad del recurso destinado al consumo familiar y el riego de cultivos.
Desde el sector minero sostienen que operan bajo protocolos internacionales de eficiencia hídrica, incorporando circuitos cerrados de recirculación y monitoreos hidrogeológicos periódicos reportados a las autoridades. No obstante, las asambleas ciudadanas y los productores agrícolas cuestionan la validez de esos informes al señalar que se basan en declaraciones juradas empresariales sin un control técnico independiente.
Falta de telemetría abierta y cuestionamientos al Gobierno de Raúl Jalil
La opacidad en la fiscalización de los aforos profundiza las críticas dirigidas hacia la administración de Raúl Jalil. Organizaciones vecinales fustigan que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no instale sistemas de telemetría satelital con acceso público y en tiempo real, permitiendo que las operarias extraigan volúmenes masivos de pozos subterráneos sin que la población conozca los registros diarios de absorción.
A este déficit de fiscalización se añade la ausencia de una auditoría integral sobre las cuencas compartidas del oeste provincial. Productores de los valles denuncian que los organismos reguladores provinciales autorizan permisos de extracción sin estudios hidrogeológicos acumulativos previos, postergando la entrega de agua para las acequias agrícolas mientras las instalaciones industriales garantizan su aprovisionamiento ininterrumpido.
La creciente tensión en las zonas de altura confirma la necesidad urgente de transparentar la administración del agua en Catamarca. Con comunidades rurales que advierten la sequía progresiva de sus vegas y un esquema extractivo en plena expansión, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial mediciones públicas, resguardo prioritario de las reservas de consumo y un límite ambiental estricto al bombeo en la cordillera.
