Una contundente huelga en la Puna provincial paralizó por completo las operaciones del proyecto litífero y abrió un foco de tensión en la actividad minera en Catamarca. La seccional provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) resolvió frenar las faenas del yacimiento administrado por la multinacional Río Tinto – Minera del Altiplano, denunciando la falta de acuerdos salariales y la persistencia de fallas en los protocolos básicos de seguridad laboral.
La medida de fuerza comenzó en las primeras horas de la jornada y afectó los frentes de extracción y procesamiento. Según precisaron representantes gremiales, la protesta obedece al rechazo patronal para recomponer los ingresos del personal de planta y a la negativa de la compañía para corregir anomalías operativas cotidianas en una zona de alta exigencia climática y geográfica.
Desde la entidad sindical remarcaron que el rubro extractivo no tolera improvisaciones en materia de prevención física. Voceros obreros advirtieron que la empresa incumple pautas sanitarias indispensables para resguardar a los operarios en turnos rotativos, obligando a los trabajadores a sostener la paralización total hasta tanto las autoridades corporativas formalicen una mesa de negociación vinculante en el campamento.
La medida de fuerza se suma a una seguidilla de disputas laborales en los grandes salares del oeste provincial. Conflictos salariales recientes en firmas como Liex Zijin y quejas por pésima provisión de comida y agua potable en la planta de POSCO demuestran que el malestar obrero en los proyectos cordilleranos viene escalando de manera ininterrumpida frente a contratos que deterioran los ingresos reales.
Seguridad laboral y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
La escalada de reclamos en los yacimientos reactivó los cuestionamientos hacia la administración de Raúl Jalil. Diversos sectores gremiales fustigan que el Ministerio de Minería y la Dirección Provincial de Inspección Laboral mantengan una actitud permisiva hacia las corporaciones extranjeras, priorizando los anuncios de inversión internacional mientras omiten fiscalizar de oficio las condiciones reales en las que se desempeñan los trabajadores locales.
A este reproche se añade el fuerte contraste entre las millonarias exportaciones y la precariedad de los operarios en los yacimientos. Dirigentes gremiales señalan que el Gobierno provincial utiliza los actos públicos para adjudicarse el desarrollo productivo, pero cuando los mineros reclaman por salarios dignos y pautas elementales de seguridad frente a las empresas, los organismos estatales brillan por su ausencia y dilatan cualquier arbitraje.
La parálisis total en Minera del Altiplano profundiza el debate sobre el modelo de la actividad minera en Catamarca. Con operarios dispuestos a sostener la huelga en la cordillera y sindicatos que alertan sobre el riesgo que corren los trabajadores en los obradores, la comunidad laboral exige al Poder Ejecutivo provincial inspecciones rigurosas y la apertura inmediata de paritarias que garanticen sueldos acordes al sector.
