Familiares, allegados y vecinos convocaron a una nueva movilización para exigir justicia por Norma Tula en Catamarca. Al cumplirse dos meses del crimen perpetrado en el barrio La Chacarita, la comunidad volverá a concentrarse este viernes a las 17:30 en la esquina de Gobernador Andrada y Carlos de la Vega, reclamando que las actuaciones procesales avancen sin dilaciones hacia la elevación a juicio.
La víctima, de 63 años, fue asesinada el pasado 19 de julio en la vivienda particular que compartía con su hijo, Marcelo Joaquín Tula, de 22 años. El joven permanece como el único acusado formal dentro del expediente y enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, una imputación gravísima que refleja la magnitud lesiva del episodio investigado.
El proceso sumó recientemente un revés determinante para la defensa técnica del imputado, luego de que el Ministerio Público Fiscal rechazara un pedido formal de sobreseimiento. Los representantes judiciales consideraron improcedente el cese de la imputación y ratificaron la continuidad del trámite instructorio, mientras el joven continúa internado bajo observación en el área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista.
A lo largo de las pesquisas, la querella particular sumó testimonios relevantes que complican la situación procesal del imputado. Declaraciones incorporadas a la causa ventilaron frases incriminatorias del acusado ante testigos presenciales posteriores al hecho, lo que fortaleció la hipótesis acusatoria sobre su autoría material y motivó la insistencia de la familia de mantener activa la visibilización callejera para evitar demoras procesales.
Demoras periciales y fuertes cuestionamientos a Raúl Jalil
La reiteración de movilizaciones callejeras para acelerar causas penales reavivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos colectivos vecinales fustigan que el Gobierno provincial desatienda la crisis presupuestaria del Poder Judicial y del sistema de salud pública, donde la escasez de peritos psiquiátricos oficiales y la saturación edilicia del Hospital San Juan Bautista dilatan peritajes forenses clave para definir la imputabilidad de los detenidos.
A este déficit estructural se añade la falta de políticas de prevención y seguimiento territorial en materia de salud mental y violencia intrafamiliar. Referentes comunitarios remarcan la contradicción de una administración que gasta fondos públicos en actos de campaña electoral mientras las familias de víctimas de delitos graves deben peregrinar por las calles para que las fiscalías de instrucción actúen con la celeridad técnica que exige la legislación.
La movilización prevista en La Chacarita renueva el reclamo de una condena ejemplar en el caso de Norma Tula en Catamarca. Con el pedido de sobreseimiento formalmente descartado y el imputado sujeto a evaluaciones clínicas, los allegados a la víctima exigen al Ejecutivo provincial y a las dependencias judiciales garantías de celeridad procesal para esclarecer definitivamente el matricidio que enluta a la comunidad.
