Familiares, amigos y allegados salieron a las calles para visibilizar su reclamo por el crimen de Norma Tula en Catamarca. La manifestación partió a las 9:30 desde la intersección de calle Rivadavia y avenida Güemes con destino a la céntrica Plaza 25 de Mayo, en lo que constituyó la primera acción pública de la familia para repudiar un eventual cierre del proceso judicial que beneficie al único acusado del matricidio.
La movilización se produjo en una etapa procesal determinante para el expediente penal. La defensa de Joaquín Tula, joven de 20 años e hijo de la víctima, adelantó que requerirá a la fiscalía actuante la declaración de inimputabilidad basada en los informes psicológicos preliminares, pretendiendo que sea derivado a un tratamiento médico y apartado de una condena carcelaria de cumplimiento efectivo.
El núcleo de la controversia judicial radica en el peritaje elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Trascendió que el sospechoso manifestó a los peritos que creía estar matando a la muerte al cometer el ataque, frase coincidente con un llamado telefónico a un allegado posterior al hecho, elemento que la defensa técnica esgrime para justificar un cuadro de brote psicótico al momento del hecho de sangre.
La querella que representa a la familia damnificada rechazó de plano que la pericia médica sea el único elemento valorado para definir el rumbo del juicio. Silvina Tula, prima del imputado, cuestionó públicamente la maniobra defensiva y ratificó la necesidad de avanzar con la investigación penal para que el hecho sea ventilado en un debate oral con penas acordes a la gravedad del matricidio.
Peritajes bajo sospecha, pericias telefónicas y cuestionamientos al Poder Judicial
Entre las medidas probatorias pendientes que reclama el entorno de la víctima figura la apertura exhaustiva de los teléfonos celulares secuestrados. La parte acusadora sostiene que los mensajes y registros informáticos permitirán reconstruir el contexto previo y desentrañar la verdadera conducta del agresor, impidiendo que el informe médico se imponga como una verdad incuestionable en la fiscalía.
El caso reactivó las críticas ciudadanas hacia el funcionamiento del Cuerpo Interdisciplinario Forense y los organismos auxiliares de la Justicia en la provincia de Catamarca. Diferentes sectores comunitarios advierten con creciente preocupación sobre la ligereza con la que se tramitan expedientes sensibles, donde diagnósticos periciales controvertidos amenazan con dejar sin sanción crímenes graves cometidos en el ámbito doméstico.
La marcha encabezada por los allegados a la víctima marca un punto de inflexión en torno al crimen de Norma Tula en Catamarca. Con una familia movilizada frente a los estrados judiciales y el rechazo social a la clausura anticipada del sumario, la Justicia provincial enfrenta el mandato de profundizar la pesquisa y garantizar que el homicidio no quede en la impunidad.
