La acumulación de indicadores económicos adversos y conflictos territoriales exhibe la profundidad de la crisis social en Catamarca. Mientras el gobierno de Raúl Jalil promociona alianzas productivas y obras, las estadísticas oficiales del INDEC confirmaron que la pobreza en el aglomerado urbano trepó al 37,3%, sumando más de 9.000 nuevos pobres y casi 3.000 indigentes en el último año, consolidando un escenario de extrema vulnerabilidad material en el Valle Central.
A este cuadro de ingresos deprimidos se sumó el informe del Banco Central que ubicó a la provincia entre las cinco plazas con mayor morosidad del país, alcanzando un 22,1% de deudores con atrasos en créditos elementales. La asfixia financiera convive con el cierre sostenido de comercios y la pérdida de empleo formal, como las 31 familias que quedaron en la calle tras la clausura de un supermercado tradicional, desnudando la falta de alternativas laborales para los sectores urbanos.
En el interior provincial, la promocionada bonanza minera quedó directamente cuestionada por los propios actores económicos de la región. Sobre la Ruta Nacional 60, en Tinogasta, transportistas y contratistas pymes iniciaron cortes exigiendo el cumplimiento de la ley de Compre Catamarqueño, denunciando que las operadoras adjudican contratos a firmas foráneas mientras los talleres y maquinarias locales permanecen inactivos.
El abandono estatal se traslada de igual manera a los servicios públicos más básicos de la provincia. En el ámbito sanitario, un paciente fracturado debió ser auxiliado por un patrullero en la Ruta 4 ante la ausencia de ambulancias del SAME, debiendo recurrir a una clínica privada tras esperar 40 minutos en el Hospital San Juan Bautista sin recibir atención médica.
Promesas incumplidas y severos reparos hacia Raúl Jalil
Las fallas de contención y la respuesta policial ante los reclamos profundizaron los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. La desesperada protesta de jóvenes en los balcones del Palacio Municipal, reprimida con gases lacrimógenos y detenciones tras años de pedidos laborales desoídos, visibilizó la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad ante familias que subsisten limpiando vidrios o juntando chatarra.
A este clima de tensión se añade la crisis de infraestructura y seguridad que recorre los municipios. Desde la suspensión de clases por plagas en escuelas de Santa María y la falta de soluciones del IPV para personas con discapacidad en la periferia, hasta las demoras de 45 días sin respuestas en la desaparición de Maira Cabrera, el Gobierno exhibe una marcada desconexión con las urgencias comunitarias.
El cruce entre índices de pobreza récord y reclamos laborales sin respuesta ratifica la gravedad de la crisis social en Catamarca. Con deudas asfixiantes, proveedores locales marginados del esquema extractivo y servicios de salud y seguridad desbordados, la sociedad civil y los sectores del trabajo exigen al Poder Ejecutivo una revisión urgente de sus prioridades presupuestarias para atender la emergencia de fondo.
