El creciente malestar de transportistas y pequeñas empresas proveedoras reactivó el debate sobre los beneficios reales que genera la minería en Catamarca. A pesar de las constantes presentaciones oficiales que exhiben a la actividad extractiva como el principal motor de crecimiento provincial, sectores productivos del interior denuncian que las grandes corporaciones continúan contratando servicios logísticos fuera de la jurisdicción, desplazando a la mano de obra del Valle Central y del oeste andino.
La tensión se trasladó a las rutas del departamento Tinogasta, donde dueños de camiones y maquinaria pesada realizaron cortes sobre la Ruta Nacional 60 en reclamo de trabajo formal. Los manifestantes advirtieron que la ley de Compre Catamarqueño no se cumple en los yacimientos de litio, permitiendo que operadoras internacionales tercericen obras civiles y fletes con empresas radicadas en otras provincias, mientras los talleres y trabajadores locales acumulan deudas e inactividad.
Este reclamo empresarial contrasta de manera directa con los datos socioeconómicos que atraviesa el territorio. Mientras la provincia exhibe cifras récord de exportaciones mineras, las mediciones del INDEC registraron a 89.000 personas por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado urbano y el Banco Central ubicó a la plaza local entre las cinco provincias con mayor morosidad crediticia del país, evidenciando una asimetría estructural entre la renta del subsuelo y la economía doméstica.
A la marginación de las pymes se suman los planteos de comunidades cordilleranas y asambleas ambientales por el manejo de las cuencas hídricas. Pobladores de Antofagasta de la Sierra insisten en que la evaporación industrial de salmuera y el bombeo constante de agua dulce amenazan la viabilidad de las pasturas naturales y la ganadería de subsistencia, sin que se hayan publicado balances hidrogeológicos independientes que certifiquen la sostenibilidad de los salares a mediano plazo.
Pérdida de empleo local y cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de control sobre los convenios laborales profundizó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos referentes sectoriales y dirigentes gremiales fustigan que el Ministerio de Minería provincial actúe como un facilitador de permisos y concesiones tributarias para los grupos extranjeros, desentendiéndose de auditar si las adjudicaciones de servicios cumplen efectivamente con los porcentajes mínimos de mano de obra y proveedores radicados en el territorio provincial.
La parálisis de los proveedores regionales confirma las debilidades del esquema productivo impulsado a través de la minería en Catamarca. Con cortes de ruta protagonizados por transportistas locales, informes de pobreza que crecen en los centros urbanos y comunidades que reclaman garantías ambientales, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial una intervención decidida para que las riquezas del territorio no terminen en manos de firmas foráneas a costa de las economías regionales.
