Las discusiones sobre los pasivos ambientales cobraron fuerza en los valles andinos a raíz de la minería en Catamarca. Mientras los informes oficiales destacan el ingreso de divisas y la generación de infraestructura asociada a los proyectos de litio y minerales metalíferos, especialistas en ciencias ambientales y productores rurales advierten que la remoción masiva de capas superficiales de tierra y la alteración de cuencas hídricas provocan daños acumulativos y de difícil recomposición en los horizontes productivos de la región.
El proceso extractivo exige el movimiento de millones de toneladas de roca y sedimento para acceder a las vetas comerciales o a los depósitos de salmuera. Esta intervención mecánica elimina la escasa cobertura vegetal nativa que fija los terrenos áridos de la Puna y el oeste provincial. Sin este resguardo biológico, las ráfagas de viento y las escasas pero torrenciales lluvias aceleran la erosión de los sustratos fértiles, reduciendo drásticamente las pasturas naturales indispensables para la cría de ganado menor y la agricultura de subsistencia.
A la degradación mecánica se añade el riesgo químico generado por las escombreras y los diques de colas. La exposición de sulfuros al aire y al agua desencadena fenómenos de drenaje ácido, un proceso que moviliza metales pesados hacia las capas freáticas y los perfiles edáficos adyacentes. Comunidades cercanas a antiguos yacimientos afirman que la filtración de estos lixiviados inutiliza parcelas agrícolas completas, provocando una salinización progresiva que bloquea la absorción de nutrientes en los cultivos tradicionales.
Vacíos regulatorios y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
Por su parte, las corporaciones operadoras aseguran aplicar estándares internacionales de remediación progresiva y monitoreos periódicos con auditorías estatales. Las compañías argumentan que el uso de tecnologías de contención y geomembranas impermeabilizantes aísla de manera segura los efluentes tóxicos. Sin embargo, asambleas ciudadanas y organizaciones técnicas cuestionan la efectividad de estos controles a largo plazo, recordando que los pasivos mineros permanecen activos durante décadas después del cese de las operaciones comerciales.
La falta de estudios integrales sobre el impacto acumulativo reactivó las críticas dirigidas hacia Raúl Jalil. Diversos sectores socioambientales fustigan que el Gobierno provincial priorice la aprobación acelerada de declaraciones de impacto ambiental para captar inversiones extranjeras, sin consolidar previamente un cuerpo técnico independiente de fiscalización capaz de auditar in situ la salud de los suelos y el comportamiento de las cuencas compartidas en los departamentos mineros.
A este déficit de control se suma la marcada resistencia estatal a transparentar las garantías financieras de remediación exigidas por la legislación minera. Productores agrícolas de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra denuncian la contradicción de una gestión que promociona la transición ecológica mientras tolera la desecación de vegas y salares, ignorando los informes de la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET que alertan sobre la pérdida irreversible de humedales de altura y biodiversidad endémica.
