Un nuevo episodio de agresiones físicas e incidentes domésticos encendió las alarmas institucionales por violencia de género en Catamarca. El hecho tuvo lugar durante las primeras horas del domingo en la zona norte de la Capital, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Octava debieron movilizarse de urgencia tras recibir un alerta radial por un violento altercado intrafamiliar sobre la calle Las Araucarias sin número.
Al llegar a la vivienda, los agentes constataron la gravedad del cuadro al entrevistarse con una mujer de 35 años, quien denunció formalmente haber sido golpeada por su concubino de 31 años. Según el testimonio brindado por la damnificada, el agresor no sólo perpetró el ataque corporal sino que además provocó serios destrozos materiales en el interior de la propiedad, desatando una situación de extrema zozobra.
Frente a la flagrancia del ilícito, los numerarios policiales redujeron y arrestaron al acusado, trasladándolo inmediatamente para su alojamiento en una celda de la seccional correspondiente. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras la mujer fue guiada hacia la Unidad Judicial N° 8 para ratificar la presentación penal contra el sindicado.
Este caso se suma a una seguidilla de hechos alarmantes que involucran vulneraciones de perímetros judiciales, amenazas de muerte y ataques con armas en distintos puntos del Valle Central. Pese a la existencia formal de líneas telefónicas de asesoramiento y guardias policiales, los colectivos vecinales advierten que las respuestas estatales llegan casi siempre cuando la agresión ya se consumó físicamente dentro del ámbito privado.
Respuestas tardías y crecientes cuestionamientos a Raúl Jalil
La reiteración de estos episodios violentos reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Organizaciones sociales y asambleas feministas fustigan que el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad sostengan un esquema burocrático que deja desprotegidas a las denunciantes, limitando la intervención pública a trámites en unidades judiciales mientras faltan refugios seguros y patrullajes de custodia preventiva en las barriadas periféricas.
A este déficit de resguardo se añade la contradicción entre las declaraciones institucionales sobre perspectiva de género y la escasez de recursos logísticos asignados a las comisarías departamentales. Referentes territoriales denuncian que muchas mujeres desisten de continuar con los expedientes debido a la revictimización en sede policial y a las prolongadas demoras de los juzgados locales para dictar exclusiones de hogar efectivas y botones antipánico en tiempo y forma.
El arresto concretado en la zona norte exhibe las falencias estructurales para contener la violencia de género en Catamarca. Con agresores reincidentes, inmuebles vandalizados y víctimas obligadas a peregrinar por dependencias públicas tras padecer lesiones físicas, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial presupuesto real, fiscalías especializadas y medidas cautelares inmediatas que frenen el avance de los ataques contra las mujeres en todo el territorio catamarqueño.
