El anuncio de obras inmobiliarias con fondos públicos mientras se profundiza la crisis social en Catamarca desató una ola de cuestionamientos hacia las prioridades gubernamentales. El Ministerio de Vivienda y Urbanización y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) presentaron el proyecto para poner en funcionamiento un centro comercial de 33 locales en el complejo habitacional de Valle Chico, una iniciativa que contrasta con la realidad de miles de familias que se endeudan para comprar alimentos.
El plan oficial, diagramado junto a la Federación Económica de Catamarca, contempla licitaciones privadas para instalar supermercados, bares, gimnasios y farmacias en un sector que cuenta con unas 4.500 viviendas. Sin embargo, diversos sectores comunitarios señalan la contradicción de destinar recursos provinciales para erigir complejos de consumo comercial en momentos en que el INDEC relevó que el 36,9% de los jóvenes provinciales está bajo la línea de pobreza y el desempleo juvenil llega al 18%.
La asignación de fondos estatales a este polo comercial se produce en paralelo al ahogo financiero de los propios comerciantes tradicionales. Mientras la Provincia busca atraer inversiones para nuevos comercios en Valle Chico, las cámaras mercantiles locales exigen medidas de alivio fiscal y la reducción urgente de la alícuota de Ingresos Brutos frente al derrumbe del consumo masivo y el cierre de 483 empresas privadas en el territorio.
A este escenario se suma el endeudamiento extremo de los hogares catamarqueños, donde más del 34% de la población mantiene deudas bancarias en situación irregular y la oposición debate proyectos de emergencia para suspender embargos. Referentes gremiales advierten que las familias de los barrios periféricos no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, haciendo de los paseos de compras un beneficio alejado de la urgencia social.
Desconexión de prioridades y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La promoción de inversiones suntuarias en barrios populares reavivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores sociales fustigan que el Ejecutivo provincial destine presupuesto a emprendimientos comerciales y misiones oficiales en el exterior, mientras las familias deben recortar gastos básicos de subsistencia y los jubilados marchan por haberes de emergencia que alcancen para costear la comida y los medicamentos esenciales.
A esta disparidad se añade la falta de respuestas estructurales a las necesidades de base dentro del propio complejo urbanístico. Vecinos de la zona sur denuncian que se prioriza la oferta mercantil y gastronómica para empresas privadas antes que reforzar los centros de salud primaria, garantizar la seguridad con patrullajes efectivos o impedir la quita arbitraria de viviendas a familias vulneradas por parte de los organismos de la vivienda.
El contraste entre proyectos comerciales y el deterioro económico diario evidencia las contradicciones de la crisis social en Catamarca. Con salarios públicos desvalorizados, deudas que se multiplican en los hogares y una retracción generalizada del poder adquisitivo, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial priorizar la asistencia alimentaria y la generación de empleo productivo antes de financiar obras desconectadas de las urgencias populares.
