La coincidencia de protestas callejeras y el quiebre financiero del sector productivo profundizaron las críticas hacia el Gobierno de Catamarca. Desde los jubilados autoconvocados que marcharon por nonagésima vez alrededor de la plaza 25 de Mayo exigiendo haberes dignos y remedios del PAMI, hasta los empleados de Valle Viejo que piden un bono de $200.000, los reclamos se multiplican ante el silencio oficial.
El malestar gremial corre en paralelo al deterioro del sector privado. Según datos de Fidelitas y el CEPA, los cheques rechazados crecieron 54% desde noviembre de 2023 tras 22 meses de subas consecutivas. A su vez, el INDEC relevó que el 36,9% de los jóvenes es pobre y la desocupación juvenil trepa al 18%, un cuadro recesivo que llevó a los comerciantes a exigir la eliminación de Ingresos Brutos.
En el interior, los prestadores turísticos enfrentan facturaciones energéticas impagables. Más de 120 propietarios de alojamientos advirtieron que cerrarán antes de diciembre debido a boletas de Energía de Catamarca SAPEM que alcanzan los $2.500.000 por potencia contratada, un costo fijo que se mantiene inalterable pese a la caída del 40% en la ocupación hotelera.
En los barrios del Valle Central, los vecinos denuncian fallas en servicios elementales. Familias de Sumalao pasaron cinco días sin agua potable por demoras de Aguas de Catamarca SAPEM, mientras que en la Capital se reiteran quejas por paradas de colectivos bloqueadas ante la falta de inspectores y calles anegadas por escombros tras tareas de bacheo inconclusas.
Conflictos salariales y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de contención frente al colapso de las economías familiares reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores gremiales y productivos fustigan que el mandatario viaje a Europa para promocionar acuerdos institucionales mientras en la provincia cerraron 483 empleadores privados y los municipales capitalinos debieron organizar festivales solidarios para solventar viajes y tratamientos oncológicos en Córdoba ante la falta de auxilio estatal.
A este escenario se suma la fragilidad institucional en seguridad y sanidad pública. Con vecinos y comercios que denunciaron despojos por $56 millones en una sola madrugada, el secuestro de armas en la zona norte y una caída en la vacunación infantil por debajo del 65% confirmada por Salud, la ciudadanía advierte una gestión que llega tarde cuando los perjuicios ya se consumaron.
La acumulación de demandas gremiales, tarifazos y deterioro de servicios expone las prioridades del Gobierno de Catamarca. Con una morosidad financiera récord que afecta al 34% de la población endeudada y pymes al límite, las organizaciones del trabajo y la producción reclaman al Poder Ejecutivo provincial medidas fiscales y salariales inmediatas para sostener el empleo y responder a las necesidades comunitarias.
