La presión de las asambleas socioambientales y los vecinos autoconvocados logró frenar la consulta pública de un nuevo proyecto de litio en Catamarca. Tras la presentación formal de cerca de cincuenta notas de impugnación, fue suspendida la charla técnica informativa prevista para el proyecto minero El Alto, operado por la empresa Litios del Norte S.A., cuya instancia de intercambio pretendía desarrollarse sin el debido conocimiento previo de las poblaciones afectadas.
Las objeciones administrativas ingresaron ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) con el respaldo de la Asamblea de Ancasti por la Vida y la Asamblea Friense. Los reclamantes denunciaron que tanto la dependencia oficial como la compañía privada incurrieron en una difusión deficiente del procedimiento, omitiendo publicar la convocatoria en medios de comunicación masivos y locales, vulnerando así el derecho a la participación ciudadana.
Pese a la cancelación del acto, el Ministerio de Minería provincial evitó brindar explicaciones públicas sobre las severas irregularidades señaladas en el trámite. La cartera estatal guardó silencio respecto de los cuestionamientos de fondo, sin precisar hasta el momento un nuevo cronograma transparente ni aclarar bajo qué condiciones legales e institucionales se intentará reabrir esta polémica instancia de diálogo con las comunidades del este provincial.
El reclamo vecinal no se agotó en la impugnación de la fecha. Los pobladores exigieron acceso irrestricto y anticipado al informe técnico de exploración para auditar el plan de perforaciones, el volumen de consumo de agua previsto y la delimitación exacta de las áreas de afectación, remarcando que las vertientes y actividades ganaderas de la Sierra de Ancasti y El Alto dependen del cuidado del suelo y las cuencas.
Consultas exprés y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La imposición de mecanismos participativos carentes de debate real reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ejecutivo provincial convalide consultas públicas meramente testimoniales para acelerar permisos extractivos, limitándose a fijar reuniones sin garantizar que los habitantes analicen previamente los estudios de impacto ambiental ni reciban respuestas antes de resolver las autorizaciones.
A esta opacidad administrativa se suma la contradicción entre la promoción de inversiones en foros internacionales y el desamparo informativo que padecen los pobladores locales. Asambleístas advierten que mientras el gobernador ofrece recursos naturales en el exterior, sus dependencias mineras ejecutan trámites a espaldas de la ciudadanía, forzando a los vecinos a organizar un encuentro regional en Guayamba para coordinar acciones de defensa territorial.
El freno judicial y administrativo a la charla de El Alto ratifica la creciente conflictividad que rodea al litio en Catamarca. Con comunidades serranas movilizadas contra la entrega de permisos precarios y organismos estatales que retacean documentación ambiental sensible, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial frenar los procedimientos irregulares y garantizar instancias de participación genuinas que prioricen el agua y la vida de las poblaciones.
