El avance de proyectos extractivos y la alteración de los ecosistemas productivos intensificaron los reclamos contra la minería en los suelos de Catamarca. Comunidades del interior, organizaciones sociales y asambleas ambientales denunciaron que la falta de controles sobre los pasivos geológicos y los efluentes amenaza la fertilidad de la tierra en Catamarca.
Uno de los focos de mayor tensión se registró en las Sierras de Ancasti a partir del proyecto de litio denominado El Alto. El propio intendente municipal advirtió que los organismos del área avanzaron con gestiones y autorizaciones territoriales sin cursar notificaciones formales a las autoridades locales, omitiendo la participación de las poblaciones cuyas tierras de pastoreo y cultivo quedan bajo la influencia de las faenas.
A este conflicto institucional se sumaron las movilizaciones convocadas en la plaza 25 de Mayo, donde sindicatos docentes, agrupaciones vecinales y sectores de izquierda repudiaron el avance de concesiones sobre áreas sensibles. Los manifestantes advirtieron que la actividad extractiva a gran escala provoca desmontes, erosión acelerada y degradación de los estratos superficiales de la tierra.
La preocupación por la estabilidad del terreno cobra mayor relevancia al contrastarse con el uso masivo del recurso hídrico en las nacientes de las cuencas. Productores locales remarcan que el drenaje y la acumulación de colas de procesamiento alteran los nutrientes naturales de la superficie, afectando de forma directa las actividades ganaderas y la agricultura familiar de subsistencia.
Degradación de la tierra y fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La entrega de autorizaciones sin evaluaciones ambientales independientes reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ejecutivo provincial acelere permisos para corporaciones mineras mientras el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no fiscaliza el manejo de los residuos ni la conservación de los suelos productivos en los valles del interior.
A este déficit de monitoreo estatal se añade la contradicción entre las promesas oficiales de desarrollo sustentable y la pérdida concreta de áreas cultivables para las familias catamarqueñas. Asambleístas autoconvocados remarcan que la degradación de los terrenos acelera procesos de desertificación, dejando pasivos ambientales que imposibilitarán la recuperación de la tierra una vez que las empresas concluyan sus explotaciones.
El daño acumulado sobre las cuencas y los perfiles de la tierra confirma la gravedad del avance de la minería en los suelos de Catamarca. Con asambleas comunitarias en estado de alerta y reclamos formales por estudios de impacto geológico, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial frenar la entrega de permisos y garantizar la preservación de los recursos naturales catamarqueños.
