El avance de los proyectos extractivos en el interior provincial profundizó el malestar social por el impacto de la minería en las comunidades en Catamarca. Pobladores de zonas cordilleranas y valles productivos denuncian que la actividad a gran escala altera las economías tradicionales, restringe el acceso al agua y degrada los territorios ancestrales sin dejar beneficios tangibles para las familias de Catamarca.
Uno de los focos de mayor conflicto institucional se desató en las Sierras de Ancasti a partir del proyecto de litio denominado El Alto. El propio intendente comunal advirtió públicamente que los organismos provinciales avanzaron con autorizaciones y gestiones territoriales a espaldas del municipio, prescindiendo deliberadamente de consultas populares con los pobladores cuyas tierras de pastoreo y vertientes naturales quedan afectadas por los cateos.
A esta falta de participación ciudadana se sumaron masivas movilizaciones en la plaza 25 de Mayo, donde asambleas ambientales, gremios y vecinos denunciaron el avasallamiento de las cuencas hídricas. Los manifestantes remarcaron que el uso intensivo de agua dulce para el procesamiento de minerales compromete el consumo humano y seca las napas subterráneas de las que dependen pequeños productores ganaderos y agrícolas.
La exclusión de las comunidades contrasta con las promesas de empleo local formuladas por las empresas foráneas y avaladas por los organismos del Estado. Los pobladores fustigan que los puestos calificados quedan en manos de operarios externos, mientras los pueblos cercanos a los yacimientos sólo absorben el encarecimiento del costo de vida, la contaminación de sus suelos y el deterioro de los caminos comunales.
Pérdida del territorio y fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La sistemática entrega de permisos sin licencia social reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversas organizaciones comunitarias fustigan que el Ejecutivo provincial promueva a la provincia como un enclave minero internacional, desatendiendo el reclamo de las familias del interior que exigen auditorías ambientales independientes y el resguardo de las nacientes de los ríos que riegan sus cultivos familiares.
A este desamparo se añade la contradicción entre los anuncios oficiales de obras comunitarias y el atraso estructural de los distritos donde operan los yacimientos. Representantes vecinales remarcan que, mientras las corporaciones extraen litio y oro con exenciones impositivas, los centros sanitarios de los pueblos mineros carecen de insumos básicos y las escuelas rurales sufren problemas edilicios por falta de inversión provincial.
La creciente tensión comunitaria ratifica la gravedad del impacto de la minería en las comunidades en Catamarca. Con asambleas vecinales en estado de movilización permanente y pedidos de informes paralizados en las dependencias públicas, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial frenar la avanzada extractivista y garantizar el respeto a los derechos territoriales y la supervivencia productiva de las familias catamarqueñas.
