El debate por las prestaciones de salud y los aranceles diferenciados reactivó el malestar social ante el cobro del plus médico en Catamarca. Pese a la plena vigencia de la Ley Antiplus N° 5.563, las exigencias de pagos adicionales y las dobles órdenes de consulta continúan como prácticas cotidianas en Catamarca.
Frente a la ineficacia de los controles, el gobernador Raúl Jalil impulsa un proyecto de ley para fondear a la obra social provincial mediante un esquema mixto. La iniciativa contempla elevar el aporte de los empleados públicos del 4,5% al 5,5%, implicando un descuento salarial que superaría los $22.293 millones anuales.
La propuesta oficial cosechó un inmediato rechazo sindical por parte del SOEM, ATE, UPCN y SUTECA. Las organizaciones laborales fustigan que el Ejecutivo descargue el costo de la actualización arancelaria sobre los salarios estatales, exigiendo que cualquier salida sea consensuada y no una imposición que castigue el bolsillo de los trabajadores.
Por su parte, el Círculo Médico justificó los montos extras ante el marcado atraso en los valores oficiales. Su titular, Edgardo Varela, remarcó que el mínimo ético para una consulta clínica es de $34.000 y para especialistas de $55.000, mientras la obra social estatal apenas abona $20.000 por orden de atención.
Maniobras financieras de OSEP y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
La intención de aplicar mayores descuentos reactivó severos cuestionamientos contra Raúl Jalil. Desde el bloque opositor del MID, el diputado Fernando Baigorri denunció que el organismo retiene recursos en plazos fijos y fideicomisos en lugar de mejorar prestaciones, afirmando públicamente que la institución realiza maniobras financieras con los aportes de los afiliados.
A estas críticas se suma la saturación del sistema público, donde los hospitales absorben cirugías e internaciones complejas debido a que los coseguros privados resultan impagables. Representantes gremiales fustigan que la ley delegó el peso del control en el propio paciente, consolidando un esquema sin sanciones efectivas ni suspensiones de prestadores.
El descontento generalizado ratifica el rechazo al persistente cobro del plus médico en Catamarca financiado con salarios públicos. Con el frente sindical en alerta y un debate ríspido en la Legislatura, los afiliados exigen al Poder Ejecutivo provincial frenar nuevos descuentos compulsivos y garantizar una cobertura sanitaria digna para todas las familias catamarqueñas.
