Las severas divergencias entre los informes oficiales y la realidad que atraviesan los frentes laborales volvieron a poner bajo la lupa la estrategia comunicacional de la gobernación. Mientras el Poder Ejecutivo celebró la creación de 515 puestos privados registrados, dirigentes sindicales y sociales aseguran que la estadística es insignificante frente a la destrucción masiva de empleos bajo la gestión de Raúl Jalil en Catamarca.
Las objeciones ganaron fuerza tras las declaraciones del referente opositor Pedro Saracho, quien sostuvo que los indicadores difundidos por el Ministerio de Economía desconocen el impacto real de los despidos cotidianos. El vocero remarcó que las contrataciones celebradas por el Gobierno no llegan a compensar el cierre permanente de fábricas e comercios en Catamarca.
A este cuestionamiento político se suman las cifras expuestas por la propia conducción de la UOCRA. El secretario general del gremio, Eduardo Fecha, confirmó un pico crítico de casi 3.000 trabajadores desocupados en la construcción, producto del freno en las obras públicas urbanas y la falta de liquidez en las empresas contratistas.
El malestar abarca de igual modo al sector minero del interior, donde la cámara de proveedores CAPROMITI denunció el fracaso de las mesas de mediación coordinadas por la provincia. Los empresarios fustigan que las firmas multinacionales mantengan contratos trimestrales precarios e ingresen mano de obra extranjera mientras las pymes locales operan a apenas un 20 por ciento de su capacidad.
Denuncias por opacidad en la intermediación y reclamos en el interior
La tensión en la cadena de valor extractiva sumó además un duro capítulo institucional tras las advertencias del diputado Francisco Monti. El legislador denunció presuntas irregularidades en el manejo del Registro Provincial de Proveedores (REPEM) y reclamó erradicar supuestos peajes que obstaculizan la libre competencia entre los prestadores de Belén, Tinogasta y Santa María.
Asimismo, la controversia salpicó la transparencia fiscal del Ejecutivo provincial tras la presentación formal ante el Tribunal de Cuentas por un desfasaje de $3.251 millones en el reparto de regalías. Legisladores exigen precisiones sobre el destino final de las partidas mineras que debían transferirse de manera directa a las administraciones municipales.
La acumulación de pymes ahogadas, las obras paralizadas y la opacidad en el manejo presupuestario incrementan la desconfianza en los departamentos del interior. Ante la falta de respuestas contundentes, las organizaciones gremiales y políticas intensifican las medidas de fuerza en protesta por el rumbo que imprime Raúl Jalil en Catamarca.
