La reciente misión oficial en Australia encabezada por el gobernador Raúl Jalil para atraer fondos de inversión como JP Morgan, UBS y multinacionales como BHP desató severos cuestionamientos de sectores locales respecto al rumbo de la minería en Catamarca. La oposición y comunidades del interior criticaron que el Poder Ejecutivo vuelque recursos en promocionar nuevos proyectos de cobre en Catamarca mientras persisten reclamos no resueltos en los departamentos productores.
Las principales objeciones de los pobladores se concentran en el uso intensivo de agua que demandan los procesos extractivos en la Puna y los valles del oeste provincial. Vecinos y productores agropecuarios advirtieron que la presión sobre las cuencas hídricas en zonas áridas pone en riesgo el consumo humano y las actividades productivas tradicionales, a lo que se suma el deterioro acelerado de las rutas por el tránsito pesado de los yacimientos.
A este escenario se suman los cuestionamientos por la falta de transparencia en los acuerdos financieros gestionados en el extranjero y la ausencia de auditorías ambientales independientes. Dirigentes opositores reprocharon que la gestión provincial priorice la agenda de inversión internacional en lugar de destinar partidas de las regalías a obras urgentes de infraestructura vial y agua potable en los municipios locales.
Frente a la expansión de la frontera metalífera, las asambleas comunitarias exigieron que se garantice el acceso a la información pública y la realización de consultas previas antes de autorizar nuevas fases de exploración en la cordillera.
Preocupación por el agua e intensos reproches a los proyectos de cobre en Catamarca
Las mayores observaciones se dirigieron hacia el Ministerio de Minería por la falta de controles sobre los efluentes y el monitoreo de napas subterráneas. Cuestionan que las reparticiones oficiales convaliden los informes de las propias operadoras sin implementar estaciones de fiscalización permanente con participación de los vecinos de la región.
De igual manera, referentes sociales criticaron que los beneficios económicos de la actividad no se reflejen en la economía urbana ni en el fortalecimiento de los centros sanitarios del interior. Reprocharon que el Gobierno continúe promocionando el potencial minero sin resolver los conflictos por el agua y el impacto del transporte en los pueblos cercanos.
La búsqueda de financiamiento en mercados globales incrementa la tensión en los valles y la Puna catamarqueña. Ante el impulso de la megaminería, la ciudadanía exige explicaciones sobre los compromisos asumidos en la gira oficial y respuestas ante el impacto social de los proyectos de cobre en Catamarca.
