Juan Manuel Urtubey cuestionó duramente la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dos herramientas económicas impulsadas por Javier Milei. Durante una entrevista con Luis Novaresio, el exgobernador de Salta calificó la legislación como un “mamarracho” y puso en discusión los beneficios tributarios concedidos a las grandes inversiones.
La crítica adquiere especial relevancia en Catamarca, donde el gobierno de Raúl Jalil promueve el desarrollo del litio y el cobre mediante la llegada de capitales nacionales y extranjeros. Urtubey planteó una cuestión central: si las empresas necesitan explotar recursos que están en territorio argentino, ¿hasta dónde corresponde reducirles los impuestos?
“Pretender que nosotros tenemos inversiones en recursos naturales porque no pagan impuestos, no se dan cuenta que tenemos inversiones porque tenemos los recursos naturales”, afirmó. Su razonamiento cuestiona que las ventajas fiscales sean el principal motivo de las inversiones y coloca el valor de los yacimientos en el centro de la discusión.
El RIGI y las ventajas otorgadas a las grandes mineras
Para explicar su posición, Urtubey recurrió al litio salteño. Sostuvo que una compañía no puede trasladar a Brasil un yacimiento ubicado en la Argentina simplemente porque no obtiene determinados beneficios fiscales. Con ese ejemplo, buscó demostrar que la disponibilidad del mineral constituye una ventaja que el país debería considerar al negociar inversiones.
El RIGI contempla una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 25%, incentivos aduaneros y cambiarios, y estabilidad tributaria durante 30 años para proyectos que cumplan sus requisitos. Son condiciones que el Gobierno nacional defiende como necesarias para atraer inversiones de gran escala.
Urtubey aclaró que no está en contra de las inversiones privadas. Por el contrario, sostuvo que la Argentina debe ofrecer seguridad jurídica y estabilidad normativa. Sin embargo, cuestionó que esas garantías se confundan con conceder beneficios tributarios excesivos a compañías interesadas en explotar recursos naturales.
En Catamarca, la discusión adquiere una dimensión política adicional. La administración de Raúl Jalil considera a la minería uno de los principales motores del crecimiento provincial. Frente a esa estrategia, las declaraciones de Urtubey plantean interrogantes sobre cuánto de la riqueza generada por el litio y el cobre se transforma en ingresos públicos y desarrollo local.
La posición del exgobernador deja abierto un debate que trasciende las diferencias partidarias. No cuestionó la explotación minera, sino las condiciones económicas establecidas para promoverla. En una provincia que deposita importantes expectativas en esa actividad, surge una pregunta: cuánto debe conceder el Estado para atraer inversiones y cuánto debe exigir a cambio.
