El caso de ciberacoso, robo de intimidad y hostigamiento contra una estudiante de 17 años tomó alcance nacional tras las declaraciones de la querella familiar. El abogado de la víctima, Roberto Casorla Yalet, denunció que la joven sufre un daño incesante tras la difusión no consentida de material privado, exponiendo la falta de contención institucional y el grave impacto provocado por este caso de bullying en Catamarca.
El letrado precisó que la situación iniciada durante un viaje de egresados a Bariloche excede el acoso escolar tradicional para constituir una violación sistemática a la privacidad de la adolescente. Remarcó que la afectada se encuentra bajo estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico a causa de la persecución digital, mientras la familia exige una sanción penal ejemplar y una reparación integral a la identidad de su hija golpeada por el bullying en Catamarca.
Durante su intervención pública, Casorla Yalet cuestionó severamente la falta de empatía social y denunció presiones políticas provinciales tras la repercusión mediática del hecho. Afirmó que, a medida que el tema adquirió volumen institucional en la provincia, se comenzaron a cancelar entrevistas pactadas con cadenas nacionales, advirtiendo sobre los condicionamientos de poder que debe enfrentar la familia en Catamarca.
Por su parte, los padres de la menor agradecieron el acompañamiento de la sociedad civil tras meses de afrontar la situación en soledad. Hicieron un llamamiento urgente a los tutores para involucrarse activamente en las conductas de los adolescentes y frenar la violencia entre pares en el ámbito escolar capitalino.
Denuncias de presiones políticas y reclamos por el bullying en Catamarca
Las principales observaciones de la defensa querellante se dirigen hacia la inacción inicial de los organismos estatales y las trabas para visibilizar el reclamo judicial. Cuestionan que sectores del poder provincial intenten mitigar el impacto mediático del caso en lugar de garantizar celeridad procesal y contención a la víctima de bullying en Catamarca.
De igual manera, referentes sociales y judiciales criticaron la falta de protocolos de prevención efectivos para evitar la difusión no consentida de archivos íntimos entre estudiantes. Reprocharon que las carteras de Educación y Derechos Humanos reaccionen tardíamente ante situaciones que comprometen la salud física y mental de los menores de edad en la provincia.
El proceso penal avanza en los tribunales locales a la espera de peritajes técnicos y la identificación de las responsabilidades individuales. Frente a las sospechas de cobertura política, la comunidad exige imparcialidad judicial y medidas drásticas para erradicar el bullying en Catamarca.
