La conmoción social generada por un grave caso de hostigamiento escolar y ciberacoso derivó en un reclamo directo por regulaciones nacionales frente al descontrol en las plataformas sociales. Con el objetivo de frenar el linchamiento mediatizado y proteger la integridad mental de niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo encabeza un proyecto normativo ante el Congreso de la Nación para sancionar la violencia digital en Catamarca.
El titular del organismo provincial, Dalmacio Mera, confirmó que la iniciativa parlamentaria fue elaborada junto con más de 400 asociaciones civiles. El texto apunta a reformar el rediseño de las aplicaciones comerciales que emplean mecanismos como el desplazamiento infinito, notificaciones persistentes y algoritmos orientados a prolongar el consumo de los menores, promoviendo espacios seguros contra la violencia digital en Catamarca.
En el marco de la investigación judicial por el caso de acoso que trascendió a nivel nacional, Mera solicitó cortar con la difusión no consentida de datos personales, teléfonos y perfiles de los involucrados. Advirtió que la viralización de escraches en redes sociales agrava la vulneración de las víctimas, cuestionando además la demora de los organismos de control en intervenir antes de que los episodios adquieran repercusión mediática en Catamarca.
Asimismo, el funcionario mantuvo audiencias con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación para fiscalizar los servicios digitales desde la perspectiva de los derechos del usuario. Explicó que existen litigios internacionales por el impacto de los entornos virtuales en la salud mental juvenil, remarcando la urgencia de establecer herramientas de responsabilidad penal y parental.
Cuestionamientos estatales y prevención de la violencia digital en Catamarca
Las principales observaciones de la Defensoría apuntan a la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los menores por la falta de regulaciones específicas a las empresas tecnológicas. Cuestionan que las autoridades de aplicación reaccionen de forma tardía ante los ciberdelitos, permitiendo que el hostigamiento del aula continúe en el ámbito privado en Catamarca.
De igual manera, desde el organismo provincial criticaron las conductas de la comunidad virtual al amplificar burlas y llamados a la venganza digital. Reprocharon la falta de prudencia en el tratamiento público de las causas judiciales que involucran a menores de edad, llamando a frenar la especulación en plataformas digitales.
La escalada de ciberbullying reabrió el debate sobre la responsabilidad comunitaria y las fallas de las carteras educativas. Frente al avance del proyecto de ley nacional, las familias exigen que las instituciones garanticen contención efectiva contra la violencia digital en Catamarca.
